Ajuste de caballo

La presentación del proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2012 ha confirmado los peores augurios. El solo dato de que su cuantía retrocede a niveles del 2007 da idea del ajuste aplicado por la Junta para poder cumplir con la reducción de déficit exigida por la sacrosanta estabilidad presupuestaria.

El Gobierno de Juan Vicente Herrera hace hincapié en el que el 79% del gasto disponible queda concentrado en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, dato con el que subraya la prioridad otorgada al mantenimiento de los servicios esenciales que presta la administración autonómica. Y es verdad que la Junta ha tratado de minimizar el impacto del ajuste sobre dichos servicios, pero aún así las tres consejerías dispondrán en el 2012 de 232 millones menos que en el 2011, año en el que ya habían perdido otros 196. Quiere esto decir que en los dos últimos ejercicios el llamado gasto social ha disminuido en 416 millones de euros, acumulando una caída superior al 6%. Y puestos a priorizar sobre las prioridades es de significar que, frente a una reducción del gasto sanitario más contenida, la consejería de Educación es la gran sacrificada en este capítulo, cayendo de los 2.224 millones presupuestados en el 2010 a los 1.952 del 2012.

Pero si el gasto social aguanta todavía el tipo es a costa de sacrificar por completo la inversión pública. El presupuesto de las consejerías tradicionalmente inversoras se desploma definitivamente. La de Fomento y Medio Ambiente tendrá que apañárselas con 478 millones, que es un 54,5% menos de la dotación presupuestaria que dichas áreas sumaban en el año 2009 (1.049 millones). No solo no hay margen para inversión nueva, sino que proyectos adjudicados y obras en marcha se verán ralentizadas. Y para cabreo del sector agrario —que esgrime, y con razón, su importante contribución al PIB de la comunidad— la Consejería de Agricultura tampoco se libra del recorte presupuestario, perdiendo en esta ocasión un 17%, más de 100 millones de euros.

De la escabechina presupuestaria sólo se libra aparentemente la Consejería de Economía y Empleo, la única que sobre el papel incrementa su dotación. Pero el dato es engañoso, ya que dicho incremento obedece exclusivamente a la ampliación de los créditos reembolsables ofrecidos a empresarios y emprendedores. Sin embargo, los fondos destinados a las políticas activas de empleo disminuyen de forma sustancial a causa del drástico recorte aplicado por el Gobierno central a este capítulo, casi similar al del Plan del Carbón.

Ajena al debate abierto en Europa sobre políticas que reactiven la actividad económica, la Junta ha optado por un ajuste de caballo que no deja margen para incentivar el crecimiento.