Normalización de Euskadi

Era previsible que el Constitucional, que no ha sido renovado a su tiempo, ordenaría la inscripción de Sortu en el registro de partidos por las mismas razones por las que decidió legalizar Bildu. basada en pruebas policiales —es decir, en informes llenos de conjeturas sobre las relaciones entre la organización en cuestión y la estructura etarra—, no alcanza a demostrar que Sortu no sea «un nuevo partido político creado por un importante sector de la izquierda aberzale con arreglo a las exigencias y parámetros constitucionales» después de «un intenso debate en el seno de la izquierda abertzale sobre el abandono de la violencia» en que «la línea violenta de ETA quedó apartada» y se impuso la «línea política». Y puesto que hay dudas fundamentadas sobre la licitud de la nueva fuerza, los integrantes de Sortu no pueden ser privados al derecho fundamental a la participación política.

El Constitucional ha debido hacer, evidentemente, una valoración subjetiva de la credibilidad de Sortu cuando este grupo asegura en sus estatutos que reprueba la violencia política y que se dispone a actuar dentro del marco constitucional. Y es lógico que las manifestaciones del entorno etarra susciten escepticismo. Pero ni siquiera esta evidencia puede justificar que tanto el Supremo como el Constitucional hayan adoptado decisiones por tan estrecho margen: nueve votos a siete la Sala del 61, seis votos a cinco el TC. Por profesionalidad y por decencia jurídica, los integrantes de estas instituciones del Estado debieron esforzarse más en la convergencia de forma que no transmitiesen a la opinión pública la idea de que las sentencias son el producto azaroso de un debate descabelado en el que el bien y el mal son casi equivalentes.

En el plano político, que es que ahora toca analizar, el TC ha abierto evidentemente la vía de la normalización del País Vasco, tras la decisión de ETA de abandonar las armas. Una vez que la organización terrorista abandonaba la violencia, su brazo político dejaba de merecer la criminalización que le había otorgado la ley de Partidos, con el respaldo pleno del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasurgo. Hay sin embargo una objeción obvia a este planteamiento: ETA, una banda asesina que ha cometido más de 800 asesinados, ha dejado de matar pero no se ha disuelto, por lo que es legítimo el recelo.

En definitiva, la izquierda aberzale ya es legal. Lo que ahora debe hacer la sociedad vasca es reflexionar sobre si quienes han sustentado, el gran drama de cuarenta años de terror y muerte merecen su confianza y son los idóneos para ponerse al frente de la moderna sociedad del País Vasco, que es intelectual y tecnológicamente una de las regiones más punteras de Europa.