La sombra de Thatcher

Juan José Lucas, que vivió como presidente de Castilla y León la marcha minera del 92, observa falta de «talento por ambas partes» en el actual conflicto del carbón. La equidistancia es muy elocuente, por cuanto a los mineros no les es imputable dicha crítica. Ellos no son los causantes, sino las víctimas del conflicto. La falta de talento corresponderá en todo caso a quien lo ha provocado —el Gobierno de la nación— y a quienes, por activa o por pasiva, respaldan esta postura gubernamental, entre ellos por cierto el propio Lucas, senador casi vitalicio del cupo autonómico. De paso, el ex presidente de la Junta ha querido echar un capote a Juan Vicente Herrera, consciente del brete en que le ha colocado el ejecutivo central de su propio partido.

Como veterano que conoce bien el paño, Lucas seguramente no entiende a cuento de qué el Gobierno Rajoy se ha metido en este jardín. No lo entiende él ni casi nadie. Con la cantidad de frentes que tiene abiertos, no se comprende que el Gobierno haya destapado inopinada y abruptamente la caja de los truenos de la minería. No tanto por inoportuno como por innecesario. Y sobre todo por contraproducente a más no poder.

Comentaba el escritor Manuel Rivas que las ayudas públicas que se le escamotean al carbón —incumpliendo, no se olvide, los compromisos contraídos— equivalen al 0,00002 por ciento de lo que va a costar arreglar el desaguisado de Bankia y compañía. A Rivas, que es de letras, se le ha ido la mano en los decimales, pero no creo que el motivo de la discordia vaya más allá del 0,2 o 0,3 por ciento del coste del rescate bancario. A cambio, los estragos pueden ser irreparables. Secuelas laborales aparte, se liquida de la peor manera un sector estratégico y se deja sin futuro a comarcas enteras de provincias ya muy castigadas por la despoblación. Un completo fiasco.

Sucede además que, dada la capacidad de movilización y resistencia del colectivo minero, así como la empatía ciudadana que genera su causa, el conflicto tiene un alto coste político. De momento, al igual que hace 20 años, la marcha minera es noticia nacional hasta que llegue a Madrid. Y lo más sorprendente es que ese coste lo sufre en exclusiva el PP en las propias cuencas mineras, en las provincias y en las comunidades autónomas afectadas.

Alguna razón oculta tiene que haber, pienso yo, que explique tamaño sinsentido. ¿No será que, siguiendo el ejemplo de Margaret Thatcher, el Gobierno haya provocado deliberadamente el conflicto con el fin de dar un sonado escarmiento social? Si logra quebrar el espinazo de los mineros, vanguardia y símbolo de la clase trabajadora, ¿quién va a osar después oponerse a sus recortes laborales y sociales? A falta de otra más racional, puede ser una explicación.