Partidismo político-mediático

Si un país no confía en sus políticos, en sus bancos, en las cajas de ahorro, duda de la administración de justicia y, además, no puede evitar la corrupción, es imposible que pueda aspirar a cambiar de modelo económico.

Con la llegada de la democracia hemos cultivado la cultura de la reclamación y de la protesta; pero no hemos creado una verdadera cultura de la responsabilidad. La crisis económica y social que padecemos es extensión de otra crisis de naturaleza más honda. Cuando las políticas del relativismo moral sueltan sus amarras a los ciudadanos con «las categorías del bien, la verdad y la belleza» y las personas se ven obligadas a chapotear en los lodazales del relativismo, no les queda otro horizonte que la consecución del interés propio. Afortunadamente, muchas personas llegan a enterarse de que hay algo más que el progreso técnico y económico: existe también una cultura del corazón, de los sentimientos, de la misericordia, de la nobleza, del sufrimiento...

Es imperdonable castigar a un pueblo por los pecados de los banqueros y políticos representando a cajas de ahorro, comunidades autónomas y administraciones locales. Todo esto es además un gran error. Parece como si el estado no tuviese la soberanía necesaria a su debido tiempo y, ahora, se apresuran para hacer intervenciones rápidas y a destiempo. En el Gobierno de una nación parece mucho más razonable no anteponer los imperativos ideológicos a la auténtica realidad de la situación. Los que estuvieron, en un momento, advirtiendo de la crisis, no eran «antipatriotas». Cuando más organizados se hacen los partidos políticos, en esa misma medida pueden ser menos democráticos. La organización puede desnaturalizar la democracia y transformarla en partidos oligárquicos siendo de acuñación reciente el autoritarismo y el totalitarismo que muchas veces pretenden, y actúan a la sombra de la democracia tomando por súbditos a los ciudadanos. Utilizan los medios de comunicación, en especial la televisión, que llega a todos los hogares, diciéndonos que no es verdad que exista televisión basura, que es neorrealismo televisivo, cuando más bien parece analfabetismo político con déficits excesivos, enjugándolos siempre con cargo a los presupuestos generales. No es posible seguir potenciando esta subcultura televisiva nefasta y en ocasiones poco práctica para ejercer el auténtico civismo.

De este desaguisado no se pueden librar algunas comunidades autónomas que han derrochado lo habido y por haber para, después, utilizar fondos públicos para ayudarles a tapar los socavones producidos. Como si tuviesen patente corso y sin ninguna responsabilidad política y en algunos casos, tal vez, personal. Se sigue potenciando la democracia mediática, que es el reino de la imagen y la ideología, siempre con grandes propósitos y modestos resultados. La falta de decisión siempre conduce a más estadísticas, más burocracia, y la burocracia también complica las cosas y resulta paralizante cuando, además, la peor censura no es la que manda callar sino la que obliga a decir. Cuando los dirigentes políticos no saben actuar con responsabilidad, claridad meridiana y nobleza en sus cometidos siempre serán las clases más desfavorecidas las que quedarán más indefensas y al capricho del egoísmo infinito del capital especulativo y esos modernos piratas que son las empresas multinacionales.

No puede prosperar la opinión que tienen los ciudadanos de algunos políticos, y hay que terminar con ello cuanto antes, siendo éstos el arquetipo del tramposo, el embustero y el manipulador. Muchos políticos parece que se mueven como las marionetas, y al pueblo no le queda otra opción que contemplar desilusionados la actuación de teatro de los títeres, cuando la confianza en si mismo es el primer secreto del éxito. Para más inri, en España existen diecisiete comunidades autónomas con sus correspondientes estatutos de autonomía, toda una entropía. Con el ejemplo que se ha dado al pueblo y al mercado financiero internacional parece que no será suficiente con embridarlas. Lo más sensato sería un referéndum preguntando si son necesarias —con las normativas actuales que las regulan— para el desarrollo sostenible de nuestra economía y la reducción del gasto público. Parece que cuando se habla de reformar nuestra Carta Magna, como lo hacen de vez en cuando otros países, aquí tiembla el misterio y los gobernantes reculan como el caballo de un picador. Decía Horacio: «imitadores, rebaño servil».