Vicios y virtudes de los pactos

El pacto de mínimos alcanzado en las Cortes de Castilla y León en apoyo de la minería del carbón plantea la duda de si se trata de un acuerdo político puntual —incluso oportunista— ante la dimensión del conflicto, o marca un punto de inflexión en la estéril relación entre el gobierno y la oposición de esta comunidad autónoma. La inminente votación de las enmiendas presentadas por el grupo socialista para incrementar los fondos mineros en los nuevos Presupuestos de la Junta constituirá la primera piedra de toque.

Y en dos semanas, el debate parlamentario sobre el estado de la comunidad terminará de sacarnos de dudas. En él veremos si el carbón ha sido una excepción, que sería tanto como que la Junta y el PP autonómico han hecho de la necesidad virtud, o si por fin hay voluntad de afrontar en común otros graves problemas que acucian a Castilla y León. En su primer encuentro formal con el presidente de la Junta, el nuevo responsable autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, dejó como tarjeta de visita su disposición a alcanzar acuerdos sobre una decena de asuntos de índole social y económica, la mayor parte de los cuales se correspondían con compromisos enunciados en el programa de investidura de Juan Vicente Herrera. Sin traspasar las líneas rojas marcadas sobre los recortes en los servicios esenciales, los socialistas no se cierran al diálogo sobre medidas encaminadas a combatir los efectos de la crisis en el ámbito autonómico.

Paralelamente, el presidente Herrera ha ofrecido en el seno del diálogo social mantenido con patronal y sindicatos un posible pacto para la recuperación económica y el empleo en Castilla y León. Visto lo sumamente restrictivos que son los Presupuestos de la Comunidad para el 2012, el margen para implementar medidas de estímulo al crecimiento es completamente inexistente. Pero a la vuelta de la esquina está ya la elaboración de los Presupuestos del 2013, que pueden y deben suponer un giro en esa línea. Ese es el escenario en el que deben contemplarse posibles acuerdos para la reactivación económica y el sostenimiento del empleo. Lo que queda por ver es si la Junta restringe esos acuerdos a patronal y sindicatos o se decide a abrir el diálogo a las fuerzas políticas, con las que últimamente sólo ha estado interesada en pactar el cada vez más desconcertante modelo territorial.

A juzgar por las experiencia, la verdad es que el balance de los últimos «pactos de comunidad» en Castilla y León no es precisamente como para tirar cohetes (cajas de ahorro, Plan de Convergencia Interior), sin olvidar el pobre resultado de la última reforma del Estatuto de Autonomía. Si en el próximo futuro se cierra algún otro acuerdo, confiemos en que por una vez rinda resultados positivos.