La gran reforma

En España hay 2.680.000 trabajadores al servicio de las administraciones públicas o 6,5 funcionarios cada cien habitantes, según los datos del Ministerio de la Presidencia de finales de 2011. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas hay casi 300.000 efectivos. Y entre la enseñanza, las universidades y el personal de sanidad suman más de 1.100.000 empleados. Los demás, 1.280.000, se dedican a cometidos diversos como la gestión de instituciones y diversos organismos de las administraciones estatal, central y autonómica. Rajoy dio un dato sorprendente en su intervención del miércoles: desde 2007, han perdido su empleo en España 2,9 millones de personas en el sector privado pero hay 289.000 empleados públicos más. De cualquier modo, la realidad es que los 6,5 funcionarios por cien habitantes queda lejos de los 10,6 de Francia, país que está en la media de la UE. España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con el promedio europeo, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat. Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastaron el 7,9% de su PIB.

Con estas cifras en la mano, no está claro si sobran o faltan funcionarios para gestionar unos servicios públicos que habrían de ser reconsiderados con la crisis. Lo único cierto es que las actuales administraciones, que han crecido sin rumbo desde la Transición, no son eficaces ni productivas porque no obedecen a un diseño racional. Lo lógico sería aprovechar la crisis para una reforma administrativa integral elaborada por el procedimiento con que se confeccionan los presupuestos base cero: de abajo a arriba, determinando primero las competencias y diseñando los equipos que deben gestionarlas. Tal reforma ha estado en los programas electorales de todos los partidos desde los años ochenta del pasado siglo, sin que ninguna formación se demostrara capaz de llevarla a cabo.

En esta ocasión, la pretendida reforma se ha sustituido por el recorte improvisado. La construcción de unas administraciones de menor tamaño, más adaptadas a su función, más profesionalizadas y acordes con la tarea encomendada, se ha sustituido por unos trazos de brocha gorda.

La arquitectura administrativa de la administración central es por su arcaísmo todavía semejante a las de las dictaduras, y el desorden en los estadios autonómico y municipal es escandaloso. Cuando la tendencia europea en la administración local y regional es funcionarizar la gestión para permitir que la política desempeñe sin burocratismos las tareas de impulso y dirección. En definitiva, se ha postergado la verdadera reforma y se ha optado por otra chapucera mutilación. Mal servicio al país.