Errores de Rajoy

Resumidamente, ésta es la relación de errores más evidentes que el consenso de los economistas y el inapelable dictamen de los mercados se han ocupado de explicitar:

1. El gran ajuste anunciado por el presidente del Gobierno el 11 de julio y que representa un ahorro teórico de unos 56.000 millones hasta el fin de 2014, contiene más previsiones de ingresos que recortes efectivos de gasto, cuando debió ser totalmente al contrario ya que aquéllos contraen directamente la demanda y la actividad, además de quedar inexorablemente vinculados al crecimiento económico, que es y seguirá siendo negativo durante la mayor parte del plazo considerado, lo que hace altamente improbable el cumplimiento de las previsiones.

2. El gran ajuste debió prorratearse mejor y consensuarse política y socialmente. En lo referente al prorrateo, resulta llamativo e indecente que no se haya tomado una sola medida encaminada a lograr la mayor contribución de las clases altas, que en España no han llegado a darse por aludidas. Además, el Gobierno, a pesar de poseer mayoría absoluta —gracias al vuelco súbito y efímero de las preferencias electorales a causa de la crisis—, debió intentar el mayor consenso posible, social y político, para hacer del conjunto de medidas una medicina más digerible. Es improbable que hubiera conseguido un acuerdo pleno con otras fuerzas —nadie quiere compartir el desgaste de otros— pero la respuesta social a las medidas hubiera sido menos airada.

3. Ha faltado decisión y habilidad a la hora de recortar los gastos en los escalones autonómico y local. En éste, que el Gobierno puede modular fácilmente gracias a una simple reforma de la ley de Bases de Administración Local, se ha echado en falta una drástica decisión a la griega: concentración de los municipios en unidades de al menos 20.000 habitantes y desaparición a plazo de las diputaciones. En el terreno autonómico, no hubiese sido imposible un pacto de simplificación administrativa que hubiera representado el adelgazamiento de las estructuras, la desaparición de competencias asumidas de manera impropia —en materia de política exterior, por ejemplo, etcétera—., siempre que se hubiera actuado con la debida sensibilidad. En este sentido, el Estado debería facilitar en lo posible el sostenimiento financiero de los grandes servicios públicos y forzar a cambio la eliminación de los gastos suntuarios y prescindibles. No ha habido pacto y el procedimiento de disciplinar manu militari a las autonomías no da resultado y puede tener efectos contrarios a los pretendidos. Hay más errores pero, de momento, los que anteceden sirven para promover una reflexión.