Con telemando

Los trabajadores no somos los culpables, claman los amenazados por el ERE de Canal 9, la televisión autonómica valenciana. Son un ejemplo de cómo los gobiernos autonómicos se sienten dueños y señores de unos medios de comunicación públicos que gobiernan a su antojo, como si pagaran con dinero de su bolsillo una programación convertida en propaganda de su gestión. En Valencia, en Andalucía, en Madrid, en Castilla la Mancha, en Galicia, los presidentes autonómicos creen que el mando a distancia es suyo y se deleitan con los halagos que los directores de turno, colocados por ellos, obligan a las redacciones a proclamar desde sus pantallas.

Prueba evidente del escándalo que esto supone es la decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra, quien se ha inventado unas nuevas condiciones de aplicación del ERE a los 1295 empelados que van a ser despedidos. Ya no sirve el haber ganado una oposición. A mayor antigüedad peor pronóstico porque se valorara el tener un contrato baratito. En resumen, se dejan las manos libres al director para que seleccione al personal a su gusto.

Conviene recordar que Canal 9 acumula una deuda de mil trescientos millones de euros y que su anterior director está imputado en el caso Gürtel.

La solución a este despilfarro y utilización política de unos medios públicos que se le ha ocurrido al Partido Popular es privatizar las televisiones autonómicas. Se supone que antes de la gran crisis a alguien le hubiera podido interesar el negocio de unas teles que vivían de la publicidad local y las ayudas públicas, pero en el momento actual encontrar un comprador es casi una quimera. Por lo tanto, el camino que se va a seguir pasa por dejar unas plantillas en su mínima expresión, externalizar servicios a empresas «amigas» y mantener el mando a distancia para que continúe el auto bombo pagado con el dinero de todos.

En un momento de gravísimos recortes en aspectos fundamentales para la vida del ciudadano convendría preguntarse si unas televisiones, convertidas en la voz de su amo, tienen sentido.

Curiosamente, en el ajuste que el Gobierno central esta exigiendo a las comunidades autónomas para cumplir el objetivo del déficit, ningún presidente autonómico ha mencionado la posibilidad de prescindir de «su televisión». Se recorta, educación, sanidad, dependencia, pero se mantienen, eso si con una «rigurosa» selección de personal, unas televisiones con un férreo control político.