Juntas vecinales, una supresión injustificable

Todo parece indicar que el Gobierno de esta cosa que aun se llama España tiene que justificar ante los españoles que las feroces e injustificadas reformas no sólo afectan a los paganos de siempre, a la sanidad o a la educación, sino también a lo que ellos llaman las estructuras del Estado. Pero en la práctica y a juzgar por el anteproyecto presentado el 13 de julio se trata de un camelo que pretende reformar sin modificar las estructuras que sostienen y alimentan a la casta política, pues mientras se proponen modificaciones que son el chocolate del loro y afectan a lo más débil, se mantienen los loros, es decir: diputaciones sin sentido si no se reforman; ayuntamientos sin población, Senado para vividores, consejos consultivos para nada, defensores de no sabemos quien, empresas públicas y las sagradas comunidades autónomas. En esta tesitura, en la que una vez más se pretende engañar al pueblo y dar la idea de que se reforman la estructura del Estado sin reformarla realmente, surge un anteproyecto de reforma de la administración local que en la línea de lo anterior no sólo es el chocolate del loro, sino que ataca a los más débiles y en modo alguno a los loros, es decir a las instituciones y cargos políticos que nos cuestan una pasta a los españoles.

Buena muestra de ello es que en base a una supuesta «racionalidad y sostenibilidad de la administración local» se pretende suprimir las únicas instituciones históricas, milenarias y democráticas que a modo de fósiles históricos nada nos cuestan a los españoles, ya que se sostienen con sus propios recursos y tan sólo suponen 3.725 juntas vecinales adscritas a otros tantos pequeños pueblos, el 60% de ellas en la provincia de León.

Quiero pensar que la pretensión de supresión de las juntas vecinales y del concejo como institución histórica de gobierno de nuestros pueblos leoneses y castellanos es un error producto del desconocimiento de políticos de alta alcurnia que, o bien no saben que son las juntas vecinales, ni lo que significan, o bien han sido engañados por informantes interesados. Espero que la Diputación de León, que se dice defensora de esos pequeños pueblos « que no podrían subsistir sin su tutela», llame la atención sobre tal barbaridad y haga llegar a las instancias superiores las razones de una desacertada y aberrante propuesta. Para facilitarle la labor, esas razones, entre otras, se pueden resumir en las siguientes: las juntas vecinales y sus concejos, tal como recoge la Ley de Régimen Local de Castilla y León, son instituciones históricas que gobiernan y administran los recursos y términos de cada pueblo, al margen de la adscripción a un ayuntamiento, lo que se hizo en el siglo XIX frente al origen medieval de éstas. Con la reforma municipal de dicho siglo los pueblos del norte de Castilla y León lucharon por mantener su autogobierno a través de una serie de oficios que, desempeñados por los vecinos y elegidos por el concejo de cada comunidad, no sólo eran entendidos como un servicio y por ende no pagados, sino como un medio de conservación de los recursos y el régimen comunal. Ni los reformadores liberales, ni Franco, fueron capaces de suprimir las juntas vecinales de nuestros pueblos, pese a los intereses económicos que había detrás de los nuevos ayuntamientos y del propio Estado. Dado que nunca supusieron coste alguno, los sucesivos regímenes políticos legalizaron de alguna forma los gobiernos pedáneos y le dieron capacidad jurídica dentro de los márgenes de las leyes vigentes. Bien es cierto que detrás de esos intereses estaba el gran patrimonio que ostentaban y aún ostentan la mayor parte de los pueblos y que son administrados por sus juntas vecinales, lo que hace que en la actualidad más del 50% de la tierra de la provincia leonesa este bajo el dominio y titularidad de los pueblos y sus juntas. La propia Elionor Ostrom , premio novel de economía del 2008, sostiene la importancia que tiene la capacidad de autogestión de los pueblos a la hora de conservar los bienes comunales y el régimen comunal, muy presenta aún hoy en buena parte de los pueblos leoneses y castellanos.

A partir de aquí, la supresión por decreto de las juntas vecinales es un grave atentado contra los derechos históricos de los pueblos y una flagrante aberración, sólo explicable desde la ignorancia o desde intereses ocultos o intentos de despistar a la sociedad española. En primer lugar porque son las únicas instituciones locales con coste cero a las arcas del Estado y en segundo lugar por lo que significan y la función que cumplen en el sostenimiento y funcionamiento de nuestros pueblos. A su vez, hay que tener en cuenta la estructura municipal presente en estos territorios donde los municipios están formados por diferentes pueblos, muchos de los cuales no tienen representación municipal, y son los titulares de un patrimonio comunal formado durante siglos y heredado de sus antepasados que nada tiene que ver con los municipios. A su vez, hay que tener en cuenta que existe una relación directa entre conservación del patrimonio, especialmente montes y recursos naturales, y gobiernos locales.

¿Qué va a ocurrir con ese patrimonio comunal o concejil que desde su titularidad gestiona cada comunidad a través de su respectiva junta? ¿Va a pasar el dominio y gestión a los ayuntamientos cuando en ellos no están representados los intereses de cada pueblo?. ¿Acaso olvidan los legisladores urbanícolas que el rico patrimonio natural y comunal de los pueblos leoneses se conservó gracias a las juntas vecinales y a la capacidad de gestión que desde la Edad Media tuvieron sobre él?. ¿Cómo se puede plantear la supresión de unas instituciones y formas de gestión plenamente democráticas y ligadas a la histórica institución concejil presente en cada comunidad que, como hemos demostrado y comprobado en diferentes foros internacionales, son referente y envidia del resto de los pueblos de Europa? ¿Acaso se olvidan que los propios concejos y sus juntas vecinales han sido y son los que llevaron el agua corriente a los pueblos, empedraron sus calles, defendieron el monte del fuego, administraron sus recursos, costeaban y siguen costeando con sus propios recursos la fiesta y no pocas asistencias sociales? Ante esto, ¿cómo pueden tener los legisladores españoles la desfachatez de suprimir las instituciones que en mayor medida representan y son garantes de pasado histórico y del futuro de nuestros pueblos? Quiero pensar que la premura impuesta por una complicada situación económica y el total desconocimiento de lo que son y significan estas entidades locales menores es lo que ha generado este intento de reformar el chocolate de los loros, sin tocar para nada a los loros protagonistas de esta historia.