Morosidad ciudadana, preocupación creciente

La morosidad de los vecinos del área rural con sus ayuntamientos creció en el último ejercicio un 63% sobre el anterior y obligó a la Diputación, entidad encargada de recaudar los tributos de prácticamente todos los municipios de la provincia, a realizar casi 16.000 embargos. Por esa vía la institución provincial consiguió recuperar 1,5 millones de los 7,4 de deuda acumulada por impagos de tasas e impuestos, pero también por los recibos no abonados en relación con la recogida y tratamiento de los residuos sólidos por parte de Gersul.

El IBI, el impuesto de circulación de vehículos, el IAE y las tasas de la basura encabezan el ránking de impagos, de los que llama la atención, al margen de otros detalles, el significativo incremento porcentual que sobre todo es revelador de la evolución de la situación económica general y de sus efectos sobre los ciudadanos, ahogados por una deuda total que sobrepasa la de las tarjetas de crédito en todo el país y por las muy preocupantes dificultades por las que atraviesan las familias en una provincia con más de 42.000 parados y terriblemente zarandeada por los últimos ERE y el conflicto de la minería.

Es la situación de empobrecimiento más duro y generalizado en décadas. El futuro de todos está en juego. Porque desde el punto de vista ciudadano, a los sufrimientos ya padecidos y los que continuamente se nos anuncian hay que sumar algo inquietante y no menos terrible: nadie sabe cuál es el horizonte y nadie precisa para qué sirve todo lo que está pasando.