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Publicado por
ANTONIO CASADO
León

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Alguien ha dicho con acierto que plantear en estos momentos el pacto fiscal de Cataluña con el Estado es una extravagancia. No mayor que la polémica desatada fuera de agenda por el ministro Gallardón en relación con uno de los supuestos del aborto legal. La diferencia es que si al titular de Justicia le mueve el afán de notoriedad —hacerse visible como ministro no económico—, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, le mueve la urgencia de pagar sus deudas en dinero contante y sonante.

Son los acreedores, los proveedores, los funcionarios de Cataluña quienes se la juegan por el hecho de que proponer ahora ante el Parlament la independencia fiscal de la Comunidad puede distraer a la Generalitat de lo realmente importante y urgente: cobrar por los servicios prestados. Algo que teóricamente depende del Gobierno central, al que el Gobierno de Artur Mas ha pedido ayuda financiera (¿rescate, crédito, intervención, tutela..?) antes de ir a la suspensión de pagos.

Visto así no parece que la mejor forma de activar el llamado FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) en favor de la comunidad más endeudada (42.000 millones de euros) sea la de resucitar los viejos argumentos del nacionalismo catalán sobre el famoso déficit fiscal con el Estado (unos 16.000 millones de euros de diferencia entre lo que aporta y lo que recibe). Con un mal traído oportunismo esta vez los viejos argumentos han llegado cosidos al dramático contexto de crisis económica que nos aqueja. Hasta el punto de que Artur Mas llegó a decir que «con la mitad del pacto fiscal ya tendríamos déficit cero».

Oportuno o no, el caso es que el Parlamento catalán aprobó este miércoles el documento final sobre el pacto fiscal con el voto en contra del PP y parcialmente del PSC. Castillos en el aire. Una formulación de difícil encaje jurídico en el actual ordenamiento constitucional. Por tanto, abocado a perderse en la polvareda de una crisis económica cuyos dramáticos apremios de hoy para mañana no permiten dedicar ni un minuto a la posibilidad de implantar en Cataluña un modelo inspirado en el concierto económico vasco.

En definitiva, un nuevo atajo para caminar hacia la independencia de Cataluña, que es el confesado objetivo de los nacionalistas. Estos se las han arreglado para convertir el endeudamiento catalán y la consiguiente petición de ayuda al Estado en coartadas suplementarias para agitar su ideario. Creen que pillan al Gobierno central con la guardia baja para exigir responsabilidad a unas autonomías muy sobradas en capacidad de gasto y muy escasas en capacidad de ingresos.

En esas condiciones, con el mango de la sartén en Madrid, el gobernante autonómico siempre puede salir respondón. Con mucha más razón si se trata de Cataluña, que lleva años reclamando obsesivamente la independencia fiscal. Como un paso más hacia la otra, la que finalmente podría fijar su condición de «rica» y «plena».