Más déficit democrático

Que la crisis está sirviendo como coartada para socavar el Estado social hace tiempo que resulta algo plenamente constatado. Y mucho es de temer que ese proceso —caldo de cultivo del negocio privado a costa de reducir lo que hasta ahora era público— continúe con nuevas vueltas de tuerca, para mayor inri bajo el amparo de esa reforma constitucional perpetrada hace ahora un año, que declaró como primer mandamiento la reducción del déficit público y el pago de la deuda.

Tan lamentable o más que los estragos socio-económicos está siendo la revisión a la baja de que, al socaire de la crisis, está sufriendo la propia Constitución en muchos de sus fundamentos políticos. No hablo ya del acoso que está sufriendo el Estado de las Autonomías, cuyo ámbito competencial está viendo invadido día sí día también por el Gobierno Rajoy. Una dinámica recentralizadora aplicada por una doble vía: la imposición de normativa básica muy cuestionable (los recursos de inconstitucionalidad se suceden por parte de las comunidades no gobernadas por el PP) y la asfixia financiera.

La autonomía municipal se está viendo igualmente minada por esa doble estrategia del Gobierno central, que no sólo no se ha planteado resolver el problema estructural de la insuficiencia financiera de los ayuntamientos, sino que está aprovechando la misma para controlar y limitar su capacidad política. Ejemplo de ello son las leoninas condiciones que conlleva (igual que para los gobiernos autonómicos) el llamado plan de pago a los proveedores. Para pasmo, tanto de municipios como de comunidades autónomas, se contempla que la gran apuesta reformista de la Administración territorial consiste en potenciar las diputaciones, entes que además no se eligen en primer grado, lo cual agrava aún más el déficit democrático institucional.

En esta misma línea de degradación democrática se inscriben los ataques que, so pretexto de una supuesta austeridad, están sufriendo instituciones que casualmente ejercen funciones de participación democrática y control al poder. Algunas comunidades del PP han prescindido ya del Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo o el Consejo de Cuentas, alegando que sus funciones las pueden asumir sus correspondientes estatales. También se cuestiona a los Defensores del Pueblo. En Castilla y León dicha supresión no se ha planteado, entre otras razones porque todas esas instituciones figuran en el Estatuto de Autonomía. Pero se ha recortado el número de consejeros, que no la estructura, en el Consultivo y en el Consejo de Cuentas, y se anuncia algo similar en el CES (de 36 a 24 miembros) y en el Procurador del Común. Dado que este último es un órgano unipersonal, es de esperar que a Javier Amoedo no le dejen con un contrato a jornada parcial…