Una comunidad resignada

Las expectativas sobre un posible pacto de comunidad que atenuara los recortes en los servicios públicos y sentara las bases para un plan de crecimiento y recuperación del empleo se han desvanecido tras el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Previa llamada a capítulo de Mariano Rajoy a los presientes autonómicos del PP, en dicha reunión la Junta de Castilla y León rectificó el desmarque (abstención) que tanto había dado que hablar en ocasión anterior y aceptó a pies juntillas el objetivo de déficit (0,7 por ciento) para el 2013 marcado por el ministro Montoro. Un corsé presupuestario que lleva implícitos nuevos recortes sociales incluso en el caso de que el gobierno de Juan Vicente Herrera se decida a subir los impuestos autonómicos, algo que parece inevitable ante el desplome que sigue registrando la recaudación de los tributos propios.

En este escenario, el margen para ese pacto de comunidad es prácticamente inexistente, ya que obviamente la oposición (PSOE, IU y UPL) sólo asumiría esa subida de impuestos si fuera a cambio de no realizar nuevos recortes sociales. Y es aquí donde radica el verdadero escollo: todo indica que los nuevos recortes son de obligado cumplimiento para las comunidades gobernadas por el PP. Forman parte de la hoja de ruta seguida por el gobierno Rajoy en cumplimiento a su vez de las obligaciones impuestas por el Banco Central Europeo y quienes marcan sus directrices, Angela Merkel a la cabeza.

Es posible que el nuevo techo de endeudamiento (13 por ciento) asignado a Castilla y León en esa reunión del CPFF atenúe algo el alcance de esos recortes, pero nada más. Y ojo con seguir emitiendo deuda, que los gastos financieros (intereses y amortización) de la contraída hasta el momento ya nos han costado cerca de 600 millones de euros en el Presupuesto del 2012. Así las cosas, todo apunta a que el Presupuesto del 2013, que ya se está cocinando en la Consejería de Hacienda, va a discurrir por los mismos derroteros de este año: ajustes en el gasto social y restricción en la inversión pública. Y veremos hasta dónde llega la Junta en el cumplimiento de otra de las obligaciones marcadas por el Ministerio de Hacienda, la reducción del llamado sector público de la comunidad (sociedades, fundaciones, entes, etc.), capítulo en el que el gobierno Herrera lleva más de dos meses mareando la perdiz y haciéndose el remolón. Con este panorama suena a broma plantear ese plan de crecimiento y recuperación de la actividad económica y el empleo del que también venía hablando el presidente Herrera. La Junta está resignada a que el 2012 y el 2013 sean años de recesión en los que Castilla y León siga perdiendo empleo. Y al mismo tiempo también población, parámetro este último en el que esta comunidad autónoma no levanta cabeza.