Sin propósito de enmienda

Tras asumir los deberes impuestos desde Madrid en materia de contención del déficit y nuevos ajustes en el gasto, el gobierno de Juan Vicente Herrera inició unas discretas vacaciones sin despejar cómo piensa cuadrar las cuentas para el 2013, en qué medida será mediante la anunciada subida de los impuestos autonómicos y qué alcance tendrá la siguiente oleada de recortes. Se trata de un periodo de calma chicha tras el cual la Junta deberá hornear ese próximo escenario presupuestario, que, si no cambian mucho las cosas, puede ser tan drástico y deprimente como el del 2012.

Entre tanto, lo imperturbable es el afán de nuestros políticos por seguir controlando las cajas de ahorro (o sea, lo que queda de ellas, que cada vez es menos). Habían promulgado una nueva ley que supuestamente perseguía despolitizar y profesionalizar los órganos de gestión, pero a la primera ocasión que han tenido han vuelto por donde solían. Y además ha sido en Caja Ávila, una de las entidades de ahorro arruinadas por la nefasta gestión de sus anteriores responsables (con el presidente de la Diputación a la cabeza), que, anteponiendo intereses políticos y personales, se embarcaron en la desventura de Bankia.

Pues bien, se celebran por fin elecciones para renovar los órganos y hete aquí que el nuevo presidente resulta ser el propio secretario provincial del PP abulense. Sin cortarse el pelo. Y el vicepresidente primero, un destacado militante del PSOE y de la UGT. Lo cual demuestra que la nueva Ley —que excluye la presencia de cargos públicos en las cajas— no impide para nada su politización. Se elige desde el partido a alguien sin cargo y santas pascuas. Hecha la ley, hecha la trampa. El PP y el PSOE no sólo no se han dignado admitir responsabilidad alguna en el desastre de las cajas, sino que, sin el menor propósito de enmienda, tienen la desfachatez de seguir campando por ellas (en el caso de Caja Ávila, al igual que en el de Caja Segovia, ahora para administrar una Obra Social de muy incierto futuro tras el fiasco de Bankia).

A diferencia de Galicia, cuyo Parlamento ha aprobado por unanimidad en pleno mes de agosto una comisión de investigación sobre la desastrosa fusión de las cajas de esa comunidad (en manos del FROB y pendientes de su rescate financiero), en Castilla y León los dos partidos mayoritarios no quieren ni oír hablar de una iniciativa similar. De hecho, la han echado para atrás cada vez que la ha planteado el procurador de IU. Por la cuenta que les trae, PP y PSOE ni quieren levantar las alfombras de las cajas ni quieren que nadie las levante. Sobre esto último queda la esperanza de que la vía judicial —en marcha en Bankia— arroje luz y, a falta de responsabilidades políticas, depure las muy posibles de índole penal.