Suma y sigue

L a habitual tregua de agosto toca a su fin y en estos tiempos de penurias económicas los días que faltan para finalizar el mes suponen la cuenta atrás, no ya para el inicio del nuevo curso político, sino para la entrada en vigor de esa contundente subida del IVA que el gobierno Rajoy impone contra su supuesta voluntad.

Pero esa mala noticia ya estaba descontada del bolsillo de los españoles y puede que no sea más que el arranque de otra oleada de recortes en el gasto social simultánea a ese «rescate blando» (blando, pero rescate) que nos aguarda en septiembre. El escenario presupuestario de 2013 se perfila ciertamente inquietante. Los Presupuestos Generales del Estado supondrán una nueva vuelta de tuerca en la reducción del déficit, de forma que el incremento de la presión fiscal —ya veremos si también de la recaudación— no nos va a salvar de nuevos tijeretazos sociales.

Y otro tanto puede decirse de los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León después de que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, vinculara la «sostenibilidad» de los servicios esenciales (Sanidad, Educación, Dependencia, Protección social…) al incremento de ciertos impuestos autonómicos. Herrera, que ahora ya no habla de «blindaje» de esos servicios, mantiene de momento su oferta a la oposición de negociar un pacto de comunidad al respecto. Nada ha trascendido sobre ese posible acuerdo, salvo la disposición de la Junta de revisar prácticamente toda su cesta de impuestos, incluido el nefasto «céntimo sanitario» (en este caso para reducir su cuantía y minimizar los cuantiosos daños —colaterales y no tan colaterales— que ha producido su extemporánea aplicación).

La pelota de ese posible pacto de Comunidad permanece en el tejado, con el previsible escollo, no tanto de la subida de impuestos, como de los recortes en Educación y Sanidad que las comunidades del PP se han comprometido a realizar en el próximo ejercicio presupuestario.

Entretanto, la otra prioridad que se ha marcado el gobierno Herrera es el de la llamada reforma territorial en Castilla y León. Un diseño que, se diga lo que se diga, se está viendo condicionado por las medidas que se viene sacando de la manga el Ministerio de Hacienda, entre otras la supresión de las entidades locales menores (numerosímas en provincias como León y Burgos), la restricción en materia de mancomunidades de servicios y la potenciación de las Diputaciones provinciales. Con tales condicionantes resulta quimérico, por no decir falaz, seguir manteniendo que la Comunidad de Castilla y León está en disposición de implantar un modelo territorial propio. Eso sin contar que esas imposiciones del Ministerio dinamitan por completo cualquier posibilidad de consenso político.