¿Error forzado?

En los partidos de tenis, se denominan «errores no forzados» a los puntos perdidos como consecuencia de fallos propios ante pelotas relativamente fáciles de devolver y no porque sean ganados por los golpes del contrario. Si sirviera la similitud tenística, el follón en el que se ha metido el Gobierno de Rajoy con su afán porque el torturador/secuestrador de Ortega Lara, el etarra Bolinaga, quede en libertad, se podría calificar de esa manera. Pero como la inocencia en política no existe, hay que pensar que han sido otros los motivos que han llevado al ejecutivo a cometer este «error forzado» que le está costando un gran desgaste.

El recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria que había decretado el jueves la libertad condicional de Bolinaga, es un duro varapalo no sólo para el citado juez, sino para el Ministerio del Interior. Porque conviene recordar que en el inicio de todo este proceso hay una decisión del Gobierno al conceder el tercer grado penitenciario al torturador de Ortega Lara, cuando el reglamento penitenciario no le obligaba de forma taxativa a hacerlo. Por lo tanto, el argumento esgrimido por miembros del Gobierno y del PP de que se han limitado a cumplir la ley, es sólo parcialmente verdadero y ya se sabe que una media verdad es muchas veces la mayor de las mentiras. El nivel mayor de esperpento en ese razonamiento lo marcó el propio ministro Fernández Díaz cuando dijo aquello de que si no se le hubiera concedido el tercer grado, hubiera cometido un delito de prevaricación. Por eso, este «error forzado» del Gobierno que sólo le está causando un monumental descontento entre sus votantes, un enfado considerable en las víctimas del terrorismo, un rifi-rafe interno con claras posturas enfrentadas, sólo es entendible si Rajoy tiene algún tipo de compromiso heredado de Zapatero que le impide llevar a cabo la política antiterrorista que era esperable del PP, sobre todo si se la compara con la que ya hizo cuando estuvo entre 1996 y el 2004 en el Gobierno.

Otra posible explicación es que con este tipo de «gestos» dirigidos a ETA y a la izquierda aberzale, el Gobierno pensara que estaba asentando definitivamente la paz en el País Vasco. Dicho de otra forma: pagando una póliza de seguro para que ETA no volviera a matar. Si esa fuera la intención del ejecutivo estaría cometiendo un error, porque con los terroristas no se puede establecer pacto alguno ya que la historia prueba que nunca los respetan. A ETA hay que derrotarla total y absolutamente, sin concesiones, sin gestos, sin «errores forzados» de ningún tipo.