El ‘lío’ del modelo territorial

Abordar una ordenación territorial que optimice los recursos de las administraciones locales y cohesione el vasto mapa de Castilla y León era y es una asignatura pendiente desde la creación de esta comunidad autónoma. Problemas tan graves de esta autonomía, como la sangrante pérdida de población (especialmente en el medio rural) y los desequilibrios territoriales internos, son imposibles de atajar sin disponer de esa ordenación.

Consciente de ello, la Junta decidió hace un año afrontar ese reto, que, por su complejidad y naturaleza, requiere del más amplio consenso social, institucional y político. Sin embargo, la iniciativa está encontrando escollos que pueden ser insalvables. En primer lugar, la propuesta estrella de su modelo, la agrupación voluntaria de municipios colindantes en «distritos de interés comunitario», suscita evidentes recelos entre los pequeños ayuntamientos. O no ven clara esa figura o temen que se trate de una estratagema para forzar más adelante la fusión de esos mismos municipios en beneficio del que se alce con la cabecera del distrito.

Sea por lo que fuere, el hecho es que, asumiendo la posición de la inmensa mayoría de los alcaldes y concejales del partido, ya ha habido dos organizaciones provinciales del PP, Zamora y Ávila, que han manifestado su desacuerdo con el modelo propuesto por la Junta. Una postura ampliamente compartida en el resto de las provincias, al igual que por los ayuntamientos gobernados por las demás fuerzas políticas. Pero eso no es todo ni tampoco lo peor. El mayor problema para la Junta es que el Gobierno de la nación ha anunciado paralelamente su propio plan de reforma de la administración local y provincial. Un plan del que se han avanzado medidas tan drásticas como la supresión de las entidades locales menores (solo en León alrededor de 1.200), la restricción de las mancomunidades y el traspaso a las diputaciones provinciales de las funciones que ejercen los pequeños municipios.

Como es lógico, el «lío», como diría Rajoy, generado en el ámbito municipal y local es monumental. Nadie entiende que dos gobiernos del mismo partido, el de la nación y el de la comunidad, actúen simultáneamente sobre la misma materia sin ninguna coordinación. Y resulta obvio que, una vez que el Gobierno central ha entrado en escena, lo razonable —si es que no obligado— sería esperar a que concrete su reforma antes de dar paso alguno en la comunidad autónoma.

Así las cosas, o la Junta pospone su pretendido modelo territorial hasta que se materialice la reforma estatal, o la iniciativa del gobierno autonómico corre serio riesgo de naufragar. De obstinarse en ella, podemos asistir a otra apuesta tan fallida o más que la de la fusión de las cajas de ahorro.