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PEDRO VICENTE
León

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La ronda de comparecencias realizada por los consejeros del gobierno autonómico para explicar sus prioridades presupuestarias ha confirmado el carácter extremadamente restrictivo de las cuentas elaboradas por la Junta de Castilla y León para el próximo año. Parecía difícil elaborar unos Presupuestos más deprimentes que los del 2012, pero como previene una de las Leyes de Murphy se confirma que todo es empeorable.

La limitación del déficit de las comunidades al 0,7% unida al fuerte incremento del coste de la deuda acumulada por la Junta y sus empresas públicas (más de 800 millones de euros entre intereses y amortizaciones) han reducido al mínimo el margen de maniobra presupuestaria. Y la timorata revisión de los impuestos autonómicos apenas compensará la caída de ingresos, tanto de los procedentes de la recaudación propia como de los transferidos por el Estado en virtud del sistema de financiación autonómica.

Ese desfase entre ingresos y gastos se vuelve a cuadrar por dos vías: 433 millones de deuda nueva y más recortes en el gasto. Y como era de temer, la motosierra se aplica otra vez al gasto social, recortado nada menos que en 340 millones de euros repartidos entre Sanidad, Educación y Familia. La inversión pública vuelve a ser inapreciable. Fomento y Medio Ambiente apenas disponen de la mitad de Presupuesto que sumaban hace unos años. Antonio Silván tiene para mantener las carreteras —en la autovía León-Burgos se le va un buen pico—, vigilar los montes y muy poquito más. La palma del retroceso se la lleva la consejería de Cultura, dotada con 112 escuálidos millones de euros, casi la tercera parte —se dice pronto— de lo que tenía asignado hace un lustro.

A modo de maquillaje de unas cuentas tan deprimentes, la Junta ha sobrevalorado los potenciales efectos del acuerdo para la recuperación económica y del empleo firmado con la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social. Y dentro del mismo ese plan de empleo joven y local incluido a su vez en el rimbombante pacto firmado con el PSOE, cuyo responsable autonómico, Julio Villarrubia, rebaja ahora a un «acuerdo de mínimos». Los 30 millones destinados a ese plan (según hemos sabido, procedentes de una amnistía fiscal regulada «ad hoc» con la connivencia del propio Villarrubia), no parece que vayan a atajar la escalada de desempleo en esta comunidad. A priori se asemeja mucho al denostado Plan E de Zapatero —pan para hoy y hambre para mañana— con la diferencia de que su cuantía es quince veces más reducida.

Con decir que los propios Presupuestos de la Comunidad para el 2013 contemplan un incremento de la tasa de paro en Castilla y León, huelga comentar el grado de confianza que tiene la misma Junta en ese cacareado plan.