TRIBUNA
Por qué iré a la huelga general
Participaré en la huelga general europea y de movilización ciudadana del 14N, porque no quiero que mi silencio sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo el Gobierno del PP, siguiendo los dictados de la Troika. Participaré para luchar contra unas políticas que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los pocos derechos sociales y laborales que nos quedan, tras las reformas laborales del PP y del PSOE, mientras se mantienen unas políticas que benefician a las clases más pudientes.
En educación han recortado más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.
En sanidad han eliminado la universalidad, excluyendo de la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio para quien se lo pueda pagar. Han establecido el re-pago en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas en todos los hospitales y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.
Han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.
Han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren convertir el aborto en un delito y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas propias de una dictadura militar, estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero si alguien lo graba y lo difunde sí que lo es; que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal para protestar por haberte desahuciado implica hasta seis meses de prisión. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero convocar manifestaciones para denunciarlo puede acarrear prisión. Están provocando la quiebra por la vía de los hechos de nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles, imponiendo censuras que nos retrotraen a épocas preconstitucionales.
Han diseñado políticas basadas en la reducción del déficit y los ajustes, pactadas constitucionalmente por PP y PSOE, que han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad…) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se tramitan 512 desahucios al día.
Han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y el Iprem (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los funcionarios les han recortado un 30% de poder adquisitivo en cuatro años.
Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las sociosanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales.
Mientras, han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses.
Han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica.
Mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas.
Han bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas.
No quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la crisis, ni a quienes debían vigilar.
Por todas estas razones yo participaré en esta huelga general política. Porque ¡claro que es una huelga política! Porque quienes participamos queremos que otra política sea posible. Una política que no permita este saqueo de lo público y que no haga cargar las consecuencias de una crisis organizada por los banqueros y las multinacionales, el 1%, a costa de las espaldas de la ciudadanía, el 99%. Porque exigimos otras políticas justas y alternativas para salir de esta crisis.