Agravio tras agravio

Desde ayer el reactor nuclear de Santa María de Garoña permanece inactivo y por ende la central ha dejado de producir energía. Queda por ver si estamos ante el cierre definitivo —seis meses antes de lo decretado por el anterior Gobierno— o se trata de un movimiento estratégico de las eléctricas (Endesa e Iberdrola) propietarias de la central intentando arrancar del actual Ejecutivo una prórroga en ventajosas condiciones. La excusa del nuevo impuesto a la energía nuclear no parece una razón convincente para renunciar a dicha prórroga y puede que el verdadero motivo estribe en las inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear para prolongar el funcionamiento de una central de primera generación que, sobre el papel, ha rebasado ya su vida útil.

En cualquier caso el cierre de Garoña supone todo un contratiempo político para la Junta de Castilla y León y en particular para su presidente, el burgalés Juan Vicente Herrera, que había apostado muy fuerte para mantener activa esta central. Las eléctricas han vuelto a jugar una mala pasada al gobierno autonómico, tal como hicieron cuando recurrieron el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional. Queda claro, una vez más, que dichas compañías miran exclusivamente su cuenta de resultados sin importarles lo mas mínimo la repercusión social de sus decisiones.

El episodio de Garoña ha puesto por otra parte de manifiesto la nula fluidez de las relaciones entre el ministerio de Industria y Energía y el gobierno de esta comunidad. A la insensibilidad mostrada por el ministro José Manuel Soria sobre el sector del carbón se ha unido ahora su falta de información a la Junta sobre las exigencias de las eléctricas para mantener activa esta central y sobre la propia posición del Gobierno central, que nadie sabe a ciencia cierta a qué ha estado jugando en este asunto. Esto en plena crisis de las energías renovables, cuyo impacto sobre la industria de fabricación de componentes, tanto de la eólica como de la fotovoltaica, está destruyendo muchos puestos de trabajo en Castilla y León.

Y por si faltaran razones, no ya para mosquearnos, sino para indignarnos, con el ministro Soria y su equipo, ahí tenemos el expediente de regulación de empleo que contempla el semicierre (cinco meses al año) de seis de los quince Paradores de Turismo ubicados en esta Comunidad. Seis establecimientos que juegan un papel básico en la maltrecha economía de las comarcas en que se encuentran. Y ojo al argumento con el que se justifica dicho ERE, el presunto déficit de explotación de esos paradores, ya que la misma argumentación serviría para justificar el cierre de muchos otros equipamientos públicos, por ejemplo los cuatro aeropuertos que operan en esta Comunidad…