Derecho a la protesta

El calendario, juguetón, ha hecho coincidir el último consejo de ministros del primer año de gobierno de Mariano Rajoy con el día de los inocentes. El presidente hará balance público y la elaboración del discurso se imagina más compleja que la que tuvo que afrontar el equipo del rey para su mensaje de Nochebuena en un año realmente complicado para él y su familia. Porque se trata de explicar lo inexplicable: no es que haya incumplido sus promesas electorales a velocidad de vértigo, sino que ha hecho justo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, más aún, ha hecho muchas cosas que dijo que no iba a hacer. Ha tocado las pensiones, ha subido el IVA, ha incrementado el repago sanitario, ha creado el Banco Malo del que renegaba, ha pedido un rescate para la banca que dijo que no iba a pedir. La nómina es tan elocuente que la suscribirían no solo los afectados por sus medidas o quienes están en las antípodas de su pensamiento político, sino muchos de quienes lo votaron.

El malestar por este fiasco se ha hecho palpable en la calle, ocupada en los últimos meses por pensionistas, parados, deshauciados, estafados por la banca, indignados, médicos, jueces, profesores, padres de alumnos. Y es en la reacción ante estas protestas donde el Gobierno y el partido que lo sustenta ha demostrado no saber estar a la altura de las circunstancias. El negro espectáculo de ver a Cospedal y Cifuentes comparando a quienes se manifestaron frente al Congreso con los golpistas de Tejero, a Wert identificando a los padres de alumnos con radicales antisistema, a Gallardón reduciendo las protestas de jueces y fiscales a una reivindicación salarial egoísta, al ministro Montoro amenazando veladamente a los medios críticos con la amnistía fiscal con desvelar sus deudas con Hacienda, al propio presidente alabando a quienes se quedan en casa sin protestar, ha tenido su guinda en las últimas horas en el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ante la masiva protesta en defensa de la Sanidad pública ha pedido regular, léase restringir, el derecho a la protesta en vez de garantizar el derecho público a la salud.

Frente al poder político, al ciudadano le queda no solo el voto sino su constitucional derecho a la protesta en tanto no se abran de nuevo las urnas. Respetar ese derecho y tomar nota del malestar es lo que toca a los gobernantes en una democracia. Por contra, criminalizar a quien expresa su legítima queja es algo propio de tiempos que felizmente dejamos atrás hace casi 40 años.