¿Diputaciones o mancomunidades?

PP y PSOE están negociando la reforma de las administraciones públicas, uno de cuyos hitos debe ser la reestructuración del escalón municipal, tanto para evitar duplicidades de competencias —el deslinde ha de hacerse sobre todo con relación a las comunidades autónomas— uanto para volver funcional un tejido administrativo muy heterogéneo formado por más de 8.000 municipios de los que unos 6.500 no llegan a los 5.000 habitantes. La crisis, que ha supuesto el fin de los ingresos atípicos provenientes del ladrillo, ha dejado en la ruina a la mayoría de los ayuntamientos, muchos de los cuales eran y son sencillamente inviables.

En el debate que mantienen las fuerzas políticas, que todavía está lejos de haberse cerrado a pesar de lo que se ha publicado, se perfilan dos posiciones: el PP es partidario de potenciar las diputaciones para que gestionen los servicios de los municipios pequeños, al tiempo que se desmantelan las mancomunidades; el PSOE, en cambio, preferiría la desaparición de las diputaciones y la integración de los municipios en mancomunidades y agrupaciones comarcales, conforme al modelo griego, que ha sido conflictivo en sus inicios pero que ha resultado eficaz.

La integración de municipios sería fácil en algunos casos en que las comarcas están bien definidas y muy compleja en otros. La otra vía, la vitalización de las diputaciones probablemente resultaría menos conflictiva pero resulta muy objetable políticamente. En primer lugar, y aunque la Constitución mantiene la provincia como «entidad local con personalidad jurídica propia» y encomienda la administración de la misma a las Diputaciones u «otras corporaciones de carácter representativo», es claro que el Estado se estructura en tres grandes niveles, el estatal, el autonómico y el municipal. La generación de un potente cuarto nivel, el provincial, carece de sentido, es muy oneroso a la larga, separa a los ciudadanos del centro de toma de decisiones locales y facilita en lugar de prevenir las duplicaciones competenciales. En lo tocante a la reducción de cargos electos, que es deseable en abstracto —hoy hay 68.462 concejales—, la sola concentración municipal tendría este efecto.

Resulta curioso en todo caso que Gobierno y oposición, que todavía no han conseguido poner en sintonía criterios y propuestas, ya hayan elevado a la FEMP una completa tabla salarial en que se recogen los sueldos máximos de alcaldes por el tamaño de la población. Es lo que se llama, simbólicamente, empezar la casa por el tejado. Un vicio muy común en la política española.