Maestros babianos

La Fundación Cerezales Antonina y Cinia, que el pasado año recibió el Premio La Armonía de las Letras por su compromiso cultural en la dinamización del mundo rural, firmó, ahora hace un año, un convenio de colaboración con la Universidad de León que «tiene como objetivo organizar actividades que potencien del desarrollo social sostenible, así como la puesta en valor del medio rural o la fijación de población en estas zonas».

Noticias como ésta son inicialmente gratificantes porque ponen el dedo en la llaga de uno de los problemas más serios por los que atraviesa nuestra provincia. El tiempo nos dirá en qué medida han sido o no positivos los resultados. Lo que está claro es que sólo tomando medidas se pueden obtener. Contemplar el problema dejándolo pasar no conduce a nada.

En este complejo y difícil entramado llaman la atención no pocos asuntos. El primero, deshumanizador desde el punto de vista de la dignidad, los derechos y la implicación social, es que todo se somete al canon de la rentabilidad económica inmediata. Esto conduce, en buena medida, al desamparo y, como consecuencia, a la injusticia.

Parece que los responsables de este diseño social, que no es responsabilidad exclusiva del presente más actual, están creando ciudadanos de diferentes categorías. Vean, si no, medidas tomadas en áreas o aspectos básicos. Quedo hoy en Educación, con la pretendida supresión de nuevas unidades, como se lee en este periódico el pasado 18 de enero, y la merma progresiva, por tanto, en esa especie de juego de la pescadilla que se muerde la cola. Si las instituciones no están a la altura de las circunstancias para prestar servicios a la sociedad, ¿habrán de ser los ciudadanos de a pie los obligados a suplirlos?

Sin recurrir a retóricas de ocasión, la circunstancia me trae a la memoria el recuerdo de los maestros babianos —León era entonces ejemplo en la erradicación del analfabetismo—, aquellos hombres del mundo rural con escasa cultura que se basan en métodos repetitivos para enseñar a leer, y que ya a finales del siglo XIX enseñaban en escuelas temporeras (noviembre-marzo). Eran contratados por el pueblo para instruir a sus hijos, corrigiendo las carencias de un Estado que no escolarizaba a sus ciudadanos.

¿Por qué me llegará al recuerdo este anacronismo? ¿Por qué se lamentan de estas circunstancias algunos de los alcaldes de los pueblos que viven en la capital? Están en su más absoluto derecho, por supuesto. Pero seguro que las cacareadas Ordenación Territorial y Reforma de la Administración han de tener en cuenta, con mucha prudencia, estas y otras cuestiones. Aunque hay tantas…