TRIBUNA
Laciana, antecedentes y realidades
El 23 de noviembre de 2009 Victorino Alonso inauguró una nueva mina en Cerredo. La colosal infraestructura supuso una inversión de 45 millones de euros de fondos públicos. El grueso de la obra y maquinaria orgullo del patrón se ejecutó por sociedades tan familiares como Ferpi o Macneny. Es un dato, que pretende hacer ahínco en la solvencia del holding y de la sustanciosa inversión pública. Ahí está la hemeroteca para repasar las proclamas del día: la mina más grande de España, una producción anual de 1,5 millones de toneladas, un yacimiento para 30 años, 500 empleos ampliables a 700. Pese a lo que pretendía mostrarse como una decidida apuesta por la minería de interior, Victorino Alonso no se contuvo: «Preferiríamos no abonar multas porque, al final, vamos a entrar a la brava». Se refería a varias explotaciones a cielo abierto pendientes de autorización. Le rodeaban consejeros autonómicos, directores generales, alcaldes, concejales, sindicalistas del ramo, una senadora y otros invitados. «A la brava». Todos aplaudieron, porque ese día no debía tocar mentar al Estado de Derecho.
Ana Luisa Durán estaba sentada en primera fila a su lado. Si algún día escribe sus memorias, porque a Alonso le pasaría como a Sabino Fernández Campo, que lo que puede contar no es interesante y lo interesante no puede contarlo, sabremos si le dio un codazo al escucharle o simplemente sonrió con complacencia. Cabe pensar que más bien lo segundo, aunque sólo sea por los antecedentes, que sirven para comprender hechos posteriores y en jurisprudencia circunstancialmente son tenidos en cuenta como agravante.
Las mismas promesas casi de pleno empleo que en Cerredo se produjeron hace un año en Pilotuerto (Tineo). Como otrora y con el mismo esquema había sido tantas veces. Para no empañar los antecedentes, la realidad es hoy cerca de 500 trabajadores de cielos abiertos y servicios auxiliares en ERE temporales, y otros 200 con un ERE de extinción, es decir, en la calle y con las prestaciones sociales agotadas tras dos años de movilizaciones intermitentes que no sirvieron más que para desgastar su economía y su moral. Aquellas movilizaciones que acorralan hoy a los sindicatos, sin margen ni credibilidad, y a las que acudieron prácticamente todos los políticos —a la cabeza Durán— sonriendo como si fueran a una romería, con el empresario levantando grotescamente el puño cual bolchevique. La realidad es hoy también que el Estado ha retenido las ayudas públicas a Alonso porque tiene encima una querella por la presunta desaparición de 528.000 toneladas de carbón, la cual supondría un quebranto superior a los 46 millones de euros públicos. Casi nada. Otra vez los antecedentes de este trapicheo a gran escala: 1994, Fenosa, La Robla…
Pues con esta realidad y cuando las miserias la acorralan como a él pero en versión paupérrima, Durán pide un plan de empleo para Laciana, que podría enfocarse según ella a poner en valor los espacios degradados ambientalmente «o a lo que se nos ocurra». Uno, que cree tener buena memoria, recuerda que hace no tanto algunos hablábamos de pensar qué hacer con quienes paulatinamente iban a ir quedándose en la calle, que habría que tratar de compatibilizar ese final con labores de restauración necesarias y que así se podría hacer una transición menos dramática. Uno, que cree tener buena memoria, aún recuerda que Durán y otros políticos y sindicalistas, se tomaron aquello como la ocurrencia del año y por supuesto no hicieron ni caso. ¿Por qué ahora, entonces, tan genial y novedosa propuesta? ¿Ya se ha agotado el filón del parador, el tren turístico, el museo minero, la autovía a ninguna parte y todos esos pastiches que aderezaron mítines, titulares y ruedas de prensa? ¿O realmente esto era lo que había que haber propuesto y hecho hace años, y no ahora con la soga al cuello y con una manifiesta carencia de recursos en la administración? ¿No parece más bien un por decir de quien no sabe qué hacer, de quien trata de cubrirse de la tempestad y de paso carga el muerto a otro partido?
Uno recuerda a Ana Luisa Durán aplaudiendo en primera fila a Zapatero en Rodiezmo cuando decía que garantizaría un gran futuro para el carbón. Uno recuerda que ella dijo que Zapatero pondría «la guinda al carbón» en su turno en la presidencia de la Unión Europea. Uno recuerda que se cerró el Pozo Calderón, y ella como alcaldesa no movió un músculo. Uno recuerda también que en sus siete años de senadora y en casi otros tantos como alcaldesa ha sido incapaz de traer inversión alguna a la comarca. Uno recuerda, qué pena, casi todos los antecedentes de esta triste realidad.
Aun así, cabe preguntar a Durán cuáles serían los espacios a restaurar con ese eventual plan de empleo, que haberlos haylos, espacios y degradados: algunos por el propio ayuntamiento en su etapa de alcaldesa —todavía hoy— y algunos no restaurados por las empresas mineras incumpliendo sus obligaciones legales, porque la administración cierra los ojos y lo permite. «A la brava», como amenazó Alonso, y con antecedentes: en Fonfría, que es lo que le queda, o en El Feixolín, con un sinfín de sentencias ordenando su paralización y cierre. «A la brava» también en Nueva Julia, cuya paralización cautelar sería, decían todos, cosa de unos meses y ya ha pasado más de un año. Con tales antecedentes, las restauraciones prometen. Cabe preguntar además a Durán si ese plan de empleo que exige a la Junta sería solo para los mineros afectados por los ERE o si se extendería para los autónomos que tienen que cerrar sus negocios, para los asalariados que se quedan sin empleo en una comarca donde su ayuntamiento es inoperante y errático en grado superlativo, o incluso si se plantearía extender ese plan para los empleados de su propio ayuntamiento a los que ella misma pretende ahora aplicar recortes severos mientras despilfarra en gastos varios.
Cabe preguntar a todas las administraciones —a la Junta, al Ministerio de Industria, y a la alcaldesa y al resto de la Corporación Municipal de Villablino— si dados los antecedentes y la realidad actual tienen alguna propuesta creíble y piensan asumir compromisos políticos para ejecutar actuaciones inmediatas que resuelvan esta situación de «espacio degradado», material e inmaterialmente. Situación de la que todos ellos tienen, precisamente por sus antecedentes, mucha responsabilidad. Y si no la tienen, que se vayan.