Cargar contra los jueces

La última historia es nueva, pero el juego es viejo. Tan viejo como la costumbre (mala) de desacreditar a los jueces que osan investigar las andanzas «non sanctas» de determinados políticos. Cuando un juez abre un sumario y coloca en la etiqueta el nombre de un político lo hace a sabiendas de que van a pasar dos cosas: la primera es que el político se va a envolver en la bandera del partido o en otras banderas incluso de mayor rango; la segunda es que, activando sus conexiones mediáticas, tratará de instalar en la opinión pública la idea de que está siendo víctima de una persecución ajena a la naturaleza de la imputación por la que está siendo investigado. Es de manual; no falla. Ocurrió en los tiempos del caso Filesa y ocurre ahora con el caso Bárcenas. Cuando lo de Filesa, contra el juez Marino Barbero —que investigaba la financiación irregular del PSOE— cargó medio Partido Socialista con Rodríguez Ibarra, por aquél entonces presidente de Extremadura, a la cabeza.

Ahora le toca al juez Gómez Bermúdez cuya osadía, según el decir de sus críticos mediáticos, reside en haberse declarado competente para aceptar la querella presentada por IU contra una decena de empresarios, mayormente constructores, bajo sospecha de haber financiado extralegalmente al PP. Naturalmente, habrá que demostrar la acusación y es más que probable que el magistrado acabe pasando el asunto a su compañero el juez Pablo Ruz que es quien venía investigando el caso Gürtel, dado que lo de Bárcenas parece rama o cuando menos hijuela de la trama organizada por Francisco Correa. De momento, el juez ha dejado fuera de las imputaciones a Rodrigo Rato, Angel Acebes y Federico Trillo exdirigentes del PP denunciados por IU por su presunta relación con los famosos —y todavía no demostrados— sobresueldos.

Por el camino que marca la ley, Bermúdez a quienes sí tomará declaración es a los empresarios imputados por haber entregado (supuestamente) fondos al partido fuera de los límites legales. Todo imputado parte como inocente en una indagatoria judicial puesto que es a los poderes públicos (policías, fiscales y jueces) a quienes corresponde demostrar la culpabilidad. Así las cosas, lo razonable sería dejarles hacer su trabajo sin emponzoñar las aguas de la opinión pública con juicios de intención dictados por el deseo de desacreditar a quienes, por otra parte (con razón), exigimos que contribuyan a combatir la corrupción librándonos de los parásitos que, a costa de lo público, viven de traicionar todos aquellos ideales que predican.