La reforma local causa daño por incertidumbre

El polémico anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, más conocido como de la reforma local, se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la clase política, que especialmente en León se ve acosada por la presión desde la base por el riesgo de desaparición de algunas o muchas de las 1.232 juntas vecinales que hay en la provincia

Al margen del valor y el simbolismo histórico que tienen los concejos y juntas vecinales como forma de democracia más pura, lo que está en juego son jugosos ingresos de los bienes que administran —a veces fuera del control de instancias superiores—, y cuyos beneficios son especialmente apetecibles para los ayuntamientos. Y en recorrido ascendente también para el Estado, que prevé que la aplicación de la polémica ley suponga un ahorro de unos 8.000 millones de euros sólo en duplicidades de servicios.

El caso es que, incluso antes de hacerse realidad, ya está causando daños a los pueblos. La Diputación, ante la incertidumbre que provoca, modifica su plan de obras para los pueblos, que históricamente proyectaba presupuestariamente a tres años y que ahora —en tiempos de recortes, también es cierto— concreta en uno, aprobando además sólo 230 de las 700 solicitudes.

El problema es que el Gobierno no sabe qué hacer con un documento que lleva atascado desde febrero por el rechazo social, las reticencias de los alcaldes y el miedo de Rajoy a perder apoyo electoral.