El pacto del empleo no puede esperar

El incendio desatado en el seno del PP a cuenta de la distribución del nuevo techo de déficit entre las comunidades autónomas parece que ha quedado controlado. Los barones territoriales en rebeldía contra el llamado «déficit asimétrico» han dado un paso atrás después de ser llamados al orden por los máximos responsables del partido. Advertidos por la numero dos, María Dolores de Cospedal, de que «el apoyo al Gobierno no es negociable», los defensores del mismo déficit para todos —entre ellos Juan Vicente Herrera— han plegado velas, aceptando que esa batalla está perdida. Por muy justa y razonable que sea la causa, son conscientes de que mantenerla llevaría a una fractura interna de consecuencias imprevisibles, entre otros motivos porque hay otras comunidades del PP, como Valencia y Murcia, que aspiran exactamente a lo mismo que Cataluña.

Al afirmar que «nos pondremos de acuerdo como personas civilizadas y sensatas que somos», Mariano Rajoy certificaba el pasado sábado en Salamanca que el Gobierno apoyará una distribución asimétrica que acabarán aceptando, de peor o mejor gana, todas las comunidades gobernadas por el PP.

Sin perjuicio de mantener la presión para mantener el máximo equilibrio, deberíamos asumir la situación y dejar de discutir si son galgos o podencos. En el peor de los casos, el nuevo déficit que se asigne a Castilla y León no bajará del 1,2 por ciento, lo que significaría disponer de unos 300 millones de euros a mayores de lo presupuestado en el 2012.

La negociación a la que se están emplazados la Junta y la oposición para pactar el destino de ese «suplemento presupuestario» no puede dilatarse. Si en lugar de 300, luego son 400, mejor que mejor. Pero una vez fijadas las prioridades —estimular la creación de empleo y contener el deterioro de los servicios públicos— procede concretar a la máxima urgencia las actuaciones a llevar a cabo. De lo contrario el verano se echará encima y acabaremos perdiendo la oportunidad de poner esos recursos al servicio de tan imprescindibles fines.

Se sabe que la Junta y el PSOE están ya intercambiando propuestas y que la primera que la primera ha puesto sobre la mesa otros dos asuntos, la Ley de Ordenación del Territorio y la Agenda de la Población, cuya complejidad puede dificultar el acuerdo sobre lo más perentorio, que no es otra cosa que la creación de empleo. Sorprende que en ese menú no aparezca la recuperación del Plan de Convergencia Interior, un instrumento ideado para combatir los desequilibrios territoriales que tiene la gran virtud de contribuir simultáneamente a crear empleo, actuar sobre el territorio y fijar población. De paso se atendería a un mandato del Estatuto de Castilla y León abandonado sin explicación cuando más necesario era cumplirlo.