La conversión de las preferentes

Conviene precisar que las participaciones preferentes (PP) —también reconocidas como «instrumentos híbridos»— son contratos entre un ahorrador y una entidad financiera cuyo capital invertido cotiza en un mercado secundario, donde su precio suele estar muy por debajo del valor por el que fueron emitidas. Esto es así porque las PP son perpetuas, es decir, al carecer de vencimiento, el emisor no tiene nunca la obligación de recomprarlas, comprometiéndose a cambio a poner el señuelo de un tipo de interés elevado en comparación a un depósito a plazo, para que de este modo el cliente entre al trapo y decida desviar preferentemente ahí sus ahorros. Cuando la entidad contratante no obtiene beneficios, como ha ocurrido con Caja España-Caja Duero (Banco Ceiss), deja de pagar intereses y, si el cliente quiere recuperar el dinero, habrá de ir a este segundo mercado donde las PP se compran a precio de saldo aprovechando el afán vendedor por deshacerse de ellas. O sea, las PP se comportan entonces como unos valores de bolsa a la baja o artículos de segunda mano.

El Banco Ceiss (o Cisco, pues, dada su situación económica hecha añicos, es lo mismo) ha comunicado recientemente a sus clientes preferentistas, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) exige como contrapartida por el dinero que le ha prestado para que no se hunda del todo en el fango de su mala gestión, el canje o recompra de las PP con una merma (quita) al cliente contratado entre un 30% o un 70% del capital invertido. Y sin devolución inmediata del dinero contante y sonante, sino a través de un canje por bonos («cocos») convertibles en acciones de no se sabe qué entidad resultante, con las cuales no se podrá negociar hasta mayo de 2015. A los judíos descomulgados que se convirtieron al cristianismo se les llamó «marranos». ¿Cómo habrá de llamarse a los que han convertido unos valores preferentes en cocos indecentes?

A la vista de esta resolución tan onerosa, los afectados del Banco Ceiss se han asociado para intentar recuperar íntegramente sus ahorros por considerarse engañados e, incluso, estafados, aunque en esto último no hay unanimidad entre los fiscales. Como en España el 82% de los ahorradores decide depositar la confianza en el empleado de banco o caja a la hora de invertir sus ahorros, las PP fueron contratadas bajo el consejo de los propios empleados. Fuera de algún caso particular, no existen grabaciones ni de las presiones que los empleados tuvieron por parte de sus superiores para colocarlas, ni de las conversaciones entre los empleados y los clientes para contratarlas. Pero, no hay que ser un hechicero para adivinar que los primeros no informaban a los segundos del riesgo que corrían, porque, entre otras cosas, tampoco la mayoría de los empleados era consciente del peligro. Si se hubiese informado con la honestidad debida, pocos o ninguno de los clientes hubieran picado en el anzuelo de las PP. Y aquí entra de lleno la responsabilidad de las autoridades monetarias (Bruselas, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejería de la Junta), absolutamente en Babia por desatender la vigilancia y control a que estaban obligados para advertir sobre el veneno que encerraban estos títulos. A uno recuerda, mutatis mutandis, el caso de intoxicación por aceite de colza en la década de los 80 del pasado siglo, que, si bien y por ahora, no ha generado muertos como en aquella enorme desgracia, sí daños muy graves a los afectados. Ninguna de las autoridades mencionadas estaba en la idea de que el salvamento de las entidades que han sido socorridas o nacionalizadas por el Estado llevara aparejada la garantía de las PP, como sí lo son los depósitos a plazo hasta 100.000 euros por contratante. Las PP fueron consideradas durante un tiempo como instrumentos de capital básico de los bancos, para luego cambiar la norma y pasar a ser capital de menor calidad. Es curioso que las autoridades obliguen a poner en las cajetillas de cigarrillos un mensaje sobre lo pernicioso que es el tabaco para la salud del cuerpo. ¿Por qué no se obliga también a poner en los contratos financieros los peligros para la salud del bolsillo? O como, a modo de los semáforos que controlan el tránsito de vehículos, con indicativos en verde, ámbar o rojo, para advertir al inversor del grado de riesgo en el tráfico del dinero. Para eso está la letra pequeña, se dice. Pero, como los propios expertos declaran, la jerga en el reverso de los contratos, por ser texto largo y confuso, es más difícil de descifrar que los jeroglíficos egipcios, los recibos de la luz o la inmediata reforma de las pensiones. De alguna boca interesada ha salido, no obstante, que la mayoría de los afectados sí sabían donde se metían.

Habiéndoles fallado las autoridades monetarias y un Gobierno que se inhibe, a los preferentistas no les queda otro recurso que la vía judicial para poder recuperar íntegramente sus ahorros. Lo deseable sería entrar en una negociación sin intermediarios con quien corresponda: FROB, Unicaja o lo que sea. El peso de la Justicia (civil o penal) y la amenaza de desdomiciliación de sueldos, pensiones y recibos de miles de clientes afectados por las PP, invita a negociar. Una fórmula de entendimiento entre las partes sería aquella de la que se habló en un principio y parece ser que Bruselas rechazó: el canje de las PP, no por «estampitas» o papel mojado, sino íntegramente por un depósito a plazo de tres años o cinco años con un interés del 1% y la pert inente garantía del Estado. Pero, ¿quién gobierna en España actualmente, Madrid o Bruselas?

Esquilmados por una pandilla de miserables directivos y consejeros que no han tenido ni siquiera la gallardía de pedir perdón a las víctimas por su pésima gestión —embolsando en cambio un dinero que debería quemarles el corazón—; y defraudados por unas y otras pasivas autoridades, los preferentistas rezan para que la Justicia no les defraude en el dictamen de prontas y justas sentencias. Si así no fuera, sería como gritar,«¡manos arriba, esto es un contrato!», y todo estaría permitido.