Necesaria agilización de los p r ocesos judiciales

El caso del constructor berciano Tino Pérez llama la atención una vez más sobre la necesaria agilización de los procesos judiciales. Dos años en la cárcel esperando un juicio para el que todavía es imposible prever una fecha. Sea por la escasez de medios personales, como alega el juzgado que tramita el caso y ayer reconoció el juez decano de Ponferrada; por sobrecarga de procesos o por las cuestiones que quieran considerarse, no parece de recibo que transcurrido este tiempo el acusado de presunta estafa y apropiación indebida siga esperando una resolución a su caso.

Tampoco lo es para los ciudadanos que le adelantaron el dinero de lo que suponían iban a ser sus viviendas en Flores del Sil, y con el que presuntamente huyó en 2008. El constructor fue detenido hace ya dos años y ahora sale en libertad con cargos. El magistrado que lleva su caso advierte de que todavía no puede asegurar la tramitación del asunto «en un tiempo razonable» ni adelantar cuánto tardará en estar listo para el juicio.

Una circunstancia todavía más llamativa cuando se reconoce que todas las pruebas documentales y testificales ya se han realizado.

La justicia determinará si Pérez es culpable o inocente, pero de momento lo que pone en evidencia, una vez más, es un preocupante grado de ineficiencia. Y la evidencia de que la cuantiosa normativa aprobada en los últimos años en aras de la agilización procesal tiene efectos limitados. La saturación de los juzgados es un mal endémico difícil de superar.