¿Estado fallido?

La definición de «estado fallido» no es precisa y es más mediática que propia de la ciencia política. Pero en general se refiere a la pérdida del control efectivo de un estado sobre la fuerza o del territorio. Por circunstancias que sería prolijo determinar, una parte importante de los ciudadanos que habitan en Cataluña, y una mayoría decisiva de sus fuerzas políticas están inmersos en un proceso de desvinculación del estado español, promoviendo tesis de independencia y amenazando, incluso, con superar el orden constitucional para disociarse del conjunto de España. Es la amenaza de convertir España en un estado fallido.

La solución de «aplicar la ley» es impecable desde el punto de vista jurídico pero alimenta la incógnita de si se puede perpetuar la situación, en la medida en que se profundice la desafección de una mayoría de catalanes hacia España.

El PSC y el PP corren el riesgo, si no lo están ya, de convertirse en fuerzas marginales e irrelevantes en el panorama político catalán. La peor de las situaciones posibles la monopoliza el PSC, que ha pasado de ser fuerza gobernante a quedarse en el extrarradio de la política catalana. Su discurso ha abandonado la ambigüedad y se ha instalado en la irrelevancia. Su intento de competir en el espectro de los partidos nacionalistas se ha convertido en una verdadera pesadilla. Cuantos más cavan en su propio agujero más se hunden. Carecen de relevancia, han sido abandonados por el electorado que les fue natural y no han conquistado votos en el semillero de un nacionalismo in crescendo.

La respuesta tardía y forzada —por las demostraciones populares de adhesión a la agenda independentista— ha dejado también a Mariano Rajoy sin discurso. Se limita a ofrecer una nueva reforma de la financiación. Una más, para capear el temporal en espera de la próxima exigencia nacionalista.

Cerca de cuarenta años de rodaje democrático no han conseguido establecer un estado sólido, sostenible, indiscutido y capaz de albergar en confort a la totalidad de los españoles. La tensión permanente del terrorismo ha estado acompañada por la permanente disputa para ocupar terrenos reservados a la soberanía de la nación en Cataluña y en Euskadi.

En esta situación no se me ocurre ninguna otra fórmula que una revisión sosegada, libre de presiones y realizada en libertad, de la Constitución, para encontrar una fórmula jurídica y política que permita y consolide el crecimiento de España como un estado moderno. La superación de las tensiones preexistentes, radicadas en la historia pasada, muchas veces falsificada y modificada por los nacionalismos, es una cuestión que no admite aplazamiento y que exige la lealtad de todos. No podemos vivir siempre con la amenaza de este problema no resuelto. Y los nacionalistas se deben comprometer a aceptar de manera estable el resultado de esa voluntad renovada en un proceso que tiene algunas similitudes con una solución constituyente.