Nueve provincias

Tras el congreso celebrado el pasado domingo, la Unión del Pueblo Leonés aspira a recobrar en el futuro el influyente papel que en otro tiempo ejerció en la política leonesa, pretensión que pasa por recuperar aquel respaldo electoral que, al impedir mayorías absolutas del PP o el PSOE, le otorgaba la llave del gobierno de importantes instituciones. Esfumado ese papel en las elecciones de 2011, los leonesistas emprendieron entonces su particular travesía del desierto, no exenta de las convulsiones que siempre han sacudido a esta formación política.

El declive político de la UPL ha debilitado su máximo objetivo programático de segregar el antiguo Reino de León de la actual comunidad autónoma. Un objetivo que, en tanto no sea compartido por el resto de las fuerzas políticas, está condenado a ser minoritario. Sin embargo, de ello no puede deducirse que los leoneses se sientan mayoritariamente identificados con la actual comunidad autónoma. Más allá de las vicisitudes del leonesismo político, el leonesismo social es un sentimiento plenamente vigente que impregna en mayor medida a todo el espectro político leonés.

Algo se ha estado y se está haciendo mal desde las instituciones autonómicas cuando, treinta años después, el desapego ciudadano y la falta de sentimiento de pertenencia a una misma comunidad ha dejado de ser un déficit exclusivo de León. El resquemor hacia el «centralismo vallisoletano» ha prendido en todas las provincias, todas las cuales, en mayor o menor medida, se consideran discriminadas.

Recientemente oíamos como el alcalde de Segovia, el socialista Pedro Arahuetes, indignado ante el trato recibido en los Presupuestos de 2014, renegaba de su pertenencia a Castilla y León. Ni siquiera Burgos, cuna del actual presidente de la Junta —quién por cierto no ha escatimado inversiones en su patria chica— se considera maltratada. El sentimiento de agravio provincial está a flor de piel y salta a la menor ocasión, como acaba de comprobarse con la polémica abierta en torno a los aeropuertos.

El clamoroso fracaso del pretendido «músculo financiero» acabó poniendo de manifiesto la falta de un verdadero «músculo político» en la Comunidad autónoma. Cunde la impresión de que en los últimos años el poder autonómico ha cedido terreno, propiciando el rearme unas taifas provinciales que se han ido haciendo cada vez más fuertes. Y ese proceso de «deconstrucción» no se va a detener aquí, sino que va a recibir un nuevo impulso con la potenciación de las diputaciones provinciales que contempla la reforma local promovida por el gobierno Rajoy.

«Nueve provincias, una comunidad», rezaba el eslogan de la Junta por los años ochenta, dando a entender que estábamos en el tránsito del compartimento provincial al vagón autonómico. Hoy el proyecto común declina ante la creciente «autonomía» de cada de las nueve provincias.