Sanidad tiene que dar una explicación clara

Metida en mil batallas propias y ajenas por los generalizados recortes en la prestación pública, la merma de los presupuestos, la reducción del personal, la intensificación de la jornada laboral de los profesionales, la dilación de las listas de espera quirúrgica y de consulta, el empobrecimiento de la calidad asistencial y una evidente caída de la cualificación profesional por la jubilación forzosa y no siempre racional de especialistas de contrastada valía por otros de nómina más ajustada pero de dudoso mérito , el debate en la calle, el enojo ciudadano, etcétera, la Consejería de Sanidad —la sanidad española por extensión— se enfrenta ahora en un caso concreto a un problema que se intuye que no es excepcionalidad.

Un anestesista leonés alerta a la Justicia y a las autoridades sanitarias de Castilla y León de la utilización de su nombre, su firma y su número de colegiación —también de su integridad profesional, pues media, según la denuncia, una oferta económica— para que otro profesional de la sanidad pública sume un sobresueldo en la privada utilizando una certificación falsa y quebrando la ley que incompatibiliza esa práctica.

Haría bien la consejería —y sobre todo la gerencia provincial— en resolver con la mayor inmediatez posible este caso, aislando ya mismo al supuesto inculpado en una práctica deleznable y fraudulenta y dejando claro ante la opinión pública que el espíritu y el fin de la prestación pública son radicalmente opuestos a la prestancia del interés y de los intereses particulares.