Las administraciones no pueden ser morosas

La reclamación planteada desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para que se castigue a las administración que no pagan en tiempo y forma es totalmente lógica y necesaria. Tras años y años acumulando unas deudas desmedidas el daño generado por las diferentes instituciones en el entramado empresarial español, especialmente en las pymes y en los autónomos, ha sido realmente grave. El número de iniciativas de emprendedores que han acabado por venirse abajo asfixiadas por las deudas de administraciones es demasiado grande como para que a estas alturas no se hayan tomado medidas eficaces para solventar el asunto. Y es que a este problema se han unido una serie de promesas políticas durante esos mismos años sin que en realidad se haya alcanzado una fórmula que obligue a las instituciones públicas a pagar en un plazo de tiempo razonable a sus suministradores de bienes y servicios.

La denuncia de ATA apunta que este abuso se genera por la ausencia de ese régimen sancionador y propone un recargo del 20%. Y aporta un dato que evidencia que el problema es grave y reclama soluciones: la media de pago en España de las instituciones a los autónomos está en 129 días aunque la ley establece un máximo de 30.

Esa grave problemática en el cobro se une al bloqueo del crédito y el resultado es el estrangulamiento de las pymes y los autónomos con el consiguiente daño para un entramado empresarial como el español que tiene en este sector su principal pilar.