Políticos, jueces y periodistas

Al traer la opinión que proponemos a los profesionales que dan título a este esbozo, trato de dinamizar un estado de alerta ante una situación cargada de mensajes conflictivos que desarticula las frágiles esperanzas para una salida digna del estado de emergencia que hipoteca el «modus vivendi» de esta vapuleada España. Tratamos de juzgar a nuestro modo de entender, las distintas actuaciones, partiendo del incontrovertible hecho de que el partido que gobierna en la actualidad, viene actuando con la prudencia y mesura que requieren las circunstancias. No puede lanzarse a una desaforada ejecución de arreglos ficticios como los que le reclama la oposición, convaleciente de amnesia, sobre la triste y paupérrima gestión que propiciaron los socialistas en sus dos últimas legislaturas.

En cuanto a los partidos autoproclamados de izquierda, su misión no es otra que «ilustrarse» en subterfugios, tratando de escaparse de las arbitrariedades con que adornan su lastimosa existencia. No trato de ser ofensivo con esta declaración, sino aclarar con mi humilde barrunto, el desorden intelectual con que manipulan sus señas de identidad. Quiero responder a ese criterio con esta concisa explicación: un dirigente de la más reaccionaria izquierda propuso una idea con ánimo, según él, de acabar con el paro, o al menos rebajarlo. Reclamaba con urgencia, solamente y nada menos que habilitar cien mil millones de euros para otro Plan E como el del triste y arruinador sistema propiciado por el inmisericorde Rodríguez Zapatero. Otro hecho que define con mayor transparencia su «amor» a España, a los españoles y las españolas, es la ausencia total de la bandera nacional en sus multitudinarias y prolíficas manifestaciones, con alguna aparición espontánea de condena al fuego para regodeo y ultraje y con la exhibición de otros estandartes afines a la idiosincrasia de grupos reaccionarios, posicionados de espaldas a la democracia.

De los nacionalistas, no cabe otra opinión que la que demuestran con la continuada cantinela de segregarse de la que fue, es y será la nación española, olvidando que esa locura secesionista les acarreará un trauma eterno de vigoroso tercermundismo.

Al Partido Popular, tan sólo apuntarle que además del esfuerzo que está realizando su Gobierno para sacarnos del embrollo económico heredado, creemos que va por buen camino, pero que hay otros medios que debería poner en ejecución para dar buena imagen tanto a la ciudadanía que cree como a la que no cree en su gestión. Nos referimos a una participación más directa de los políticos para cubrir con sus haberes personales, dadas sus ventajosas percepciones y emolumentos, esas cargas que la UE viene reclamando últimamente, ya que las clases menos favorecidas no podemos atenderlos. Otro humilde consejo es que sean más reservados a la hora de hacer pronósticos, como el de Rajoy: «En dos años crearemos un millón de empleos». La oposición, dadas las circunstancias, trabajara para hacer imposible tan vehemente aventura, ya que lo que más les importa son los votos.

En cuanto a la actitud de la Justicia, dentro del contexto de su actividad, instar a los jueces a realizar una labor justa y coherente con la inexcusable regla de imparcialidad y respeto en la sagrada misión de impartir y llevar a la práctica la aplicación de tan excepcional virtud. Entendemos que un juez o jueza, con absoluto poder en un Estado de Derecho, no sólo tiene la misión de interpretar bien las leyes, sino que ha de medir con mucho tacto si la tal ley ha de cumplirse en todas las circunstancias aún a sabiendas de que tal obligación perpetre alevosía contra los Derechos Humanos. De persistir este cauce, habría de plantearse si dichos profesionales serían indispensables para dirimir tales procesos. Quizá unos buenos funcionarios bien formados con los códigos penal, civil y demás estarían habilitados para tal fin, y se acabarían los circos protocolarios y el gasto tan brutal que representan. Si, como en el proceso de Estrasburgo, los delincuentes y terroristas salen beneficiados por unas leyes injustamente planteadas, ¿no son los jueces los encargados, con la autoridad y potestad que les otorga el cargo, quienes deben corregir tan dolorosa injusticia? No queremos pensar que tales profesionales sean robots humanos, que se guían por el resplandor con los «colores», olvidándose de que los mecanismos de la conciencia les responsabilizan tanto o más que a los imputados por los delitos consumados.

A los periodistas, recordarles que no todo se acaba con esa poderosa arma que ampara su profesión: el secreto profesional, dando rienda suelta a la libertad de expresión que, en ocasiones, se convierten en despropósitos inusuales y, que quienes hacen uso de ellos, demuestran el grado de necedad que rebaja el respeto a tan necesaria profesión. Donde más se deja notar el deterioro en la formación y el lenguaje, es en las tertulias radiofónicas y «cónclaves» televisivos. Las invitaciones a los debates deberían simplificarse, de modo que deberían participar, no sólo por el reparto de tendencias, sino y sobre todo por la disposición de los invitados a exponer criterios con total imparcialidad. No admitir en modo alguno a quienes desde las formaciones políticas envían a mantener posiciones interesadas y descarados embustes. En cuanto a la prensa escrita, pedir atención a los directores para que desde las columnas de opinión e información se reflejen la autenticidad de los hechos y verdades contrastadas; nada de inventos interesados que pongan en tensión a la ciudadanía, formándose juicios inverosímiles. Las noticias sensacionalistas insultan a veces la inteligencia de los lectores, y más cuando posteriormente, en páginas interiores ensombrecen los desmentidos de tales infundios.

Como colofón, pedir al presidente del Gobierno, que haga uso sin cortapisas de la autoridad que le confiere la mayoría absoluta y pare con la Ley todos los conflictos y barbaridades que se están dando al albur de la libertad de acción y expresión. Libertad de huelgas y manifestaciones que administran los agentes socialistas, sí. Libertinaje que también dirigen huestes sindicales estableciendo la ley de la selva, no. Quien la haga que la pague.