El informe Auken y el fracaso urbanístico

Durante la planificación de un estudio topográfico que he llevado a cabo recientemente sobre el litoral español, y tras encontrar numerosos casos de urbanizaciones «fantasma» —vestigios de la llamada burbuja inmobiliaria que azotó nuestro país entre 1997 y 2007—, cayó en mis manos el «informe Auken».

Este famoso informe del Parlamento Europeo pone de manifiesto la impunidad con la que, hasta hace solo unos años, se han ejecutado proyectos urbanísticos en zonas costeras y del interior peninsular español, la gran mayoría de los cuales fueron acometidos sin control alguno y pasando por alto aspectos tan importantes como la protección del valor paisajístico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Para hacernos una idea, tengamos en cuenta que en los últimos veinte años el suelo urbanizado en España ha pasado de casi 650.000 ha a más de un millón. Durante el periodo comprendido entre 2000-2005, llegaron a construirse más de tres hectáreas a la hora. Era el momento en el que alguno de nuestros políticos se vanagloriaba de haber sido edificadas —en los últimos diez años— «más viviendas que en otros países como Alemania, Francia e Italia juntos», sin tener en cuenta dónde nos llevaba todo ello: cajas de ahorro arruinadas, preferentistas estafados, etc. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, nuestros europarlamentarios de los dos grupos políticos mayoritarios, rechazaron este informe. Conviene tener presente que este tipo de conductas irregulares se extendía por Andalucía, Valencia y otras comunidades autónomas de diferente signo político.

El origen de la situación de desconcierto que vive la sociedad española en la actualidad debemos buscarlo en nuestra raíz histórica reciente. El paso del franquismo a la democracia llevó a una «libertad» mal entendida, sometida en algunos casos a una anarquía autárquica y sin control, esgrimida por políticos y administraciones.

Este descontrol en el uso del poder legislativo ha calado hondo, llegando a la zozobra social que, finalmente, ha terminado por legitimar acciones moralmente reprobables.

En este sentido hemos pasado a una situación de desconcierto, un rumbo perdido que busca en lo público el beneficio privado por delante del bien común. Cada uno de nosotros tiene parte de responsabilidad en lo que está sucediendo, al pensar erróneamente, que la democracia se ejerce una vez cada cuatro años.

A pesar de todo ello, la Unión Europea, consciente del problema, se limitó a exigir un cambio de conducta a nuestros políticos y administraciones, cuando pudo haber tomado otro tipo de medidas para las que estaba facultada.

Una última reflexión —en palabras de Volney—, «Cuando el sueño de la vida se termine, ¿de qué habrán servido sus agitaciones, si no dejan vestigios de alguna utilidad?» (Las Ruinas de Palmira). Aunque mucho me temo que son éstas otras ruinas.