Un retrogusto agridulce

La pasada convención celebrada por el PP en Valladolid ha dejado un retrogusto agridulce en la cúpula del partido en la comunidad autónoma. Por una parte, en su calidad de anfitriones, los populares castellanos y leoneses han vivido con intensidad especial la terapia de grupo y la inyección de autoestima con la que el PP ha conjurado las fisuras internas que emergieron en vísperas del cónclave. Pero al mismo tiempo han visto frustradas las expectativas depositadas respecto a los contenciosos y reivindicaciones que mantiene la Junta ante el gobierno Rajoy.

Se había abierto paso la idea de que la convención podía servir para limar asperezas y aproximar posturas en torno a los diversos frentes abiertos entre ambos gobiernos. Y lo cierto es que no se ha tenido el menor indicio de que tal cosa haya sucedido. En realidad, la expectativa estaba completamente fuera de lugar, ya que una convención de partido no es el foro indicado para resolver las diferencias y desencuentros entre administraciones. Confundir el ámbito institucional con el del partido era un punto de partida completamente erróneo, y así se ha demostrado. Por el mero hecho de estar en Valladolid compartiendo un acto del PP no podía esperarse que Ana Mato transigiera sobre el copago farmacéutico, o que Miguel Arias Cañete rectificara el decreto que regula el etiquetado del jamón ibérico. No digamos ya el imposible metafísico de que José Manuel Soria fuera sensible y receptivo ante el negro horizonte de la minería del carbón.

Pero lo que más ha escocido a la Junta no ha sido ninguno de esos problemas «bilaterales», sino el sombrío panorama que presenta la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. En plena convención se tuvo noticia periodística de las «cuentas públicas regionalizadas» encargadas por el ministerio de Hacienda en sustitución de las llamadas «balanzas fiscales». Y dicho estudio considera que Castilla y León es una comunidad «sobrefinanciada», dictamen que supone un auténtico mazazo para la Junta, que se viene quejando más que nunca de que los recursos transferidos por el Estado son insuficientes para sostener los servicios públicos que presta la Administración Autonómica.

Una eventual «balanza fiscal» habría ofrecido un saldo negativo para Castilla y León, pero ello no hubiera sido óbice seguir reivindicando un modelo de financiación más favorable para la comunidad. Sin embargo las «cuentas» de marras van más allá y, al distinguir entre comunidades «infrafinanciadas» y «sobrefinanciadas», suponen todo un revés para la Junta. La noticia amargó la convención a Juan Vicente Herrera, quien después de haber asumido con calzador la reforma local de Montoro, vuelve a tropezar con el ministro de Hacienda, otra vez erigido en «bestia negra» del gobierno autonómico.