Europa en negro

Acaba de publicarse un informe europeo sobre la situación de la corrupción en Europa que arroja cifras estremecedoras, a pesar de que uno de los principales requisitos que deben cumplir los países aspirantes a ingresar en el selecto club es precisamente haber diseñado programas efectivos de lucha contra la corrupción. Según dicho trabajo, estas prácticas viciadas cuestan a la economía europea 120.000 millones de euros. Aunque no se publica un ranking oficial para no ofender a los estados miembros, el Ejecutivo comunitario sitúa a España como uno de los socios europeos punteros en el desarrollo de esta lacra, junto a Grecia e Italia

El texto del informe, de 16 páginas, repasa con detalle el marco legal, jurídico e institucional de las administraciones públicas españolas para concluir en que los principales focos de corrupción durante las últimas décadas se han producido en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. La ciudadanía española tiene conciencia de ello, y así, el 95% de los españoles encuestados por el Eurobarómetro de la Comisión cree que la corrupción está «muy extendida» en nuestro país. Lo mismo opina el 83% de los empresarios españoles respecto a los contratos públicos que gestionan las autoridades, y el 90% en relación a la administración local, la que peor parada sale en el informe. El estudio alerta sobre los riesgos y efectúa recomendaciones, que lógicamente sólo son efectivas si existe verdadera voluntad política.

Esta información ha coincidido con la divulgación de un informe de la Udef al juez Ruz que asegura que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, habría recaudado un total de 25,5 millones de euros entre 1996 y 2009 como consecuencia de las comisiones por adjudicaciones realizadas por diversas administraciones y por el sobreprecio de los eventos realizados para el PP; el informe identifica al exministro y exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos como la persona que más se lucró de aquellos latrocinios. Es un paso más en el desentrañamiento de un episodio de grandes magnitudes encabezado por Francisco Correa y por Luis Bárcenas que está en vía judicial desde hace años pero que no ha sido afrontado todavía políticamente con la debida contundencia.

Sin el debido consenso, España va tomando medias legislativas contra la corrupción, que son sin embargo claramente insuficientes. No hace falta gran perspicacia para entender que la ciudadanía ve con escepticismo estos supuestos avances, que tropiezan con la evidencia de que, al margen de las actuaciones penales, nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Y ahora, el hecho de saber que en toda Europa cuecen habas estimulará bien poco a quienes deberían ponerse al frente de la limpieza general. En la corrupción, como en la existencia de una gigantesca economía sumergida, todo son buenas palabras y algún rasgado de vestiduras, pero en la práctica los poderes efectivos continúan mirando hacia otro lado.