Un caso que amenaza seriamente al carbón

La investigación contra doce empresarios y seis compañías mineras se convierte en una seria amenaza para el futuro de un sector como el del carbón, que vive en una situación de constante incertidumbre. Ahora la Fiscalía plantea la posibilidad de que existan delitos de fraude en las subvenciones percibidas por las empresas durante los últimos años. El problema es realmente grave y requiere diligencia porque se abre un procedimiento que podría ser utilizado para atacar al carbón y poner en cuestión ese sistema de ayudas que hoy por hoy es la única garantía para su viabilidad.

La investigación judicial es totalmente legítima e incluso muy necesaria porque el sector minero lo que requiere desde hace tiempo es transparencia y limpieza. Si se ha producido algún tipo de irregularidad debe caer todo el peso de la ley sobre quienes tengan responsabilidades. Pero el problema que se plantea ahora va más allá porque se siembran dudas generalizadas sobre un sector que es cuestionado en demasiadas ocasiones como si fuese el único culpable del recibo de la luz que pagan los españoles, cuando en realidad son múltiples las cargas generadas por decisiones políticas del pasado.

La defensa del carbón por parte de la sociedad se ha debilitado en los últimos tiempos. Se han cometido demasiados errores y se ha transmitido una sensación de que no todo era seriedad y rigor en el carbón. Este nuevo caso complica, sin duda, las cosas aún más.