Un reino de taifas

Entre las cosas de las que presumía el PP en sus años de oposición estaba la de ser la única fuerza política capaz de mantener un discurso único en todo el territorio español. Era la época del «España se rompe», con el que combatió una reforma del Estatuto de Cataluña que, de haber salido adelante, seguramente hubiera evitado el actual desafío soberanista.

Hasta la llegada de la crisis económica, el Estado de las Autonomías había discurrido sin mayores tensiones territoriales. Las dos comunidades dominadas con hegemonía nacionalista tenían garantizados sus privilegios sobre las restantes. El País Vasco, con su régimen foral, y Cataluña a base de los peajes facturados al Gobierno central de turno cada vez que el mismo —ya fuera presidido por González, Aznar o Zapatero— carecía de mayoría absoluta. Este trato de favor se aceptaba sin gran resquemor en un contexto en el que todas las demás comunidades autónomas seguían creciendo.

La crisis ha pinchado esa burbuja autonómica, sumiendo al Estado de las Autonomías, excepto País Vasco y Navarra, en una situación financiera insostenible. Del retroceso da idea que el gasto disponible de Castilla y León ha retrocedido a niveles de 2004 debido al coste financiero de una deuda pública que este año se come más del 13% del Presupuesto de la Comunidad. Cataluña atribuye su bancarrota al «España nos roba» y ha tirado por la calle de en medio, pero no es la única autonomía que se considera discriminada. Todas las demás sin excepción se consideran perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, es decir, por el reparto de la tarta común.

El problema catalán, que evidentemente tiene otra dimensión, se complica aún más a causa la oposición frontal del resto de las comunidades a cualquier fórmula que modifique el reparto a favor de Cataluña. Lo que en el pasado se aceptaba sin mayor problema hoy constituiría un agravio intolerable. Con independencia de la cuestión catalana, Rajoy y Montoro tienen un serio problema con las comunidades gobernadas por el PP, enfrentadas entre sí en torno a la financiación. Mientras Valencia, Murcia y Baleares hacen piña para reclamar un sistema más ajustado a sus respectivas balanzas fiscales, otras como Castilla y León, Galicia, Extremadura y Aragón, sostienen que su asignación no alcanza para cubrir el coste efectivo de unos servicios públicos encarecidos por el envejecimiento y la dispersión territorial. Y luego está la Comunidad de Madrid, que va por libre, aunque coincide básicamente con los planteamientos de Cataluña y las comunidades mediterráneas.

Salta a la vista que el Estado de las Autonomías ha devenido en un completo reino de taifas y que el pretendido discurso territorial único del PP está hoy más resquebrajado que nunca.