El varapalo de Europa reclama una solución

Fue y todavía sigue siendo uno de los gravámenes más polémicos. Y lo fue, porque el céntimo sanitario de los carburantes, no hacía distingo entre los que más y los que menos poder adquisitivo tienen. Al contrario, si supone un carga mayor lo es para las rentas más bajas.

El mejor ejemplo es que la Junta cuando comenzó a aplicarlo en marzo de 2012, ya dejó exento al gasóleo agrícola y prácticó una reducción a la mitad para los transportistas. Rebaja que desde el año pasado pasó a ser total, ya que desde ese momento ya no se les aplica, ante las continuas quejas que generó entre este colectivo. Medidas que dejan patente el daño que este nuevo impuesto, al ya de por sí elevado precio del carburante, hacía en los bolsillos de los ciudadanos.

Europa declara que el impuesto no es legal y que lo que se cobró hasta 2012 deberá ser devuelto. Una sentencia que, ahora, deberá ejecutarse y será en ese momento cuando se determine cómo se practicará la devolución de un dinero que desde Europa se deja claro se recaudó de forma ilegal. Pero, más allá de esta situación, lo preocupante es que las administraciones, todas, se enzarcen ahora en dilucidar quién tiene que hacerse cargo de este reintegro.

Al ciudadano de a pie, al autónomo, al empresario, al transportista..., le importa poco o nada el ente, la administración o la institución que tenga que reingresarle lo que a todas luces no deberían haberle quitado. El varapalo de Bruselas obliga a dar una solución ya.