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Publicado por
de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
León

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Otra Europa no sólo es posible, sino que es necesaria, urgente y definitivamente imprescindible. La Europa de los mercaderes, donde, como ya denunció Oxfam-Intermón los eurodiputados conservadores, liberales y socialdemócratas gobiernan para las élites, no es el proyecto de la Europa Social que nos «vendieron» cuando nos hablaban de la Europa de los Pueblos.

En el segundo semestre de 2009 arrancó la legislatura del Parlamento Europeo que ahora termina y que, indudablemente, ha estado marcada por los estragos de la crisis-estafa y las nefastas consecuencias de las políticas alentadas, recomendadas o, en muchos casos, directamente impuestas por las principales Instituciones Europeas —Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo y Banco Central Europeo—. Todas las personas trabajadoras —con mayor crudeza las del sur de Europa— hemos sufrido esa mal llamada «austeridad» en forma de recortes de nuestros derechos sociales y laborales, de desempleo masivo y precariedad laboral, de privatizaciones y cierre de servicios públicos e, incluso, de ataques a nuestras libertades civiles y políticas. Diseñado y alentado desde Bruselas, pero aplicado y desarrollado dócilmente bajo la complicidad de los diferentes Gobiernos nacionales, este ataque permanente al bienestar de la mayoría social que conforman las personas que viven o intentan vivir de su trabajo, este ‘austericidio’, tiene a la derecha (PPE) y a la socialdemocracia europea (S&D) como padre y madre, como principales actores corresponsables de su aplicación y elaboración siempre con la estrecha colaboración de los partidos liberales europeos (Alde).

Este consenso entre la derecha y la socialdemocracia se demuestra tanto a nivel de los gobiernos de los estados miembros, es decir, en el Consejo Europeo (a pesar de las promesas de Hollande durante la campaña electoral, su gobierno finalmente firmó el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la UE), como en la Comisión Europea (populares —13 comisarios—, y liberales —8 comisarios—, cogobiernan y colegislan junto con los 7 comisarios socialdemócratas las mismas políticas, todos presididos por Durao Barroso elegido con el voto favorable del PSOE). Así, el Gobierno de la UE —la Comisión Europea— que durante los últimos cinco años, ha impuesto la agenda neoliberal de recortes y privatizaciones, se conformó a través de un consenso entre populares, socialdemócratas y liberales con la única excepción de la Izquierda Europea.

Una vez pactado entre ellos este telón de fondo que dejaba a la ciudadanía fuera de las decisiones importantes y la alejaba de la toma de decisión, populares europeos (PP) y socialdemócratas (PSOE), aliados la mayoría de las veces con los partidos liberales (CiU y PNV), han votado conjuntamente más del 73% del total de las decisiones que se han tomado durante los últimos cinco años en el Parlamento Europeo.

La aprobación del paquete de medidas económicas conocido como ‘Gobernanza económica’ —y que, entre otros puntos, supone que instituciones no elegidas por la ciudadanía decidan sobre aspectos tan básicos como los presupuestos anuales de cada estado y que da prioridad a la reducción del déficit frente al necesario gasto social en sanidad o educación—; la reforma fallida de una Política Agraria Común —que seguirá destinando más del 70% de las ayudas a menos del 20% de los grandes latifundistas y que sigue sin tener en cuenta el papel de las y los trabajadores agrarios—; el diseño y aprobación de un Marco Presupuestario Plurianual para la UE recortado y bajo la lógica de la austeridad; la instrumentalización de los derechos humanos como mera herramienta para defender los intereses económicos de las multinacionales europeas acompañados de la firma de Acuerdos de Libre Comercio; son ejemplos de las medidas y políticas que han contado con el apoyo firme y conjunto de socialdemócratas y populares a lo largo de los últimos años.

Es necesario defender un proceso de refundación de Europa para que sean los ciudadanos y ciudadanas los que voten un Parlamento Europeo que redacte una nueva constitución que rompa con esta arquitectura antidemocrática que subyuga a Europa a los dictados del FMI y los poderes financieros. Necesitamos un Banco Central Europeo que dé dinero a los estados y no a los bancos y un Tesoro Público que pueda devaluar la moneda, para evitar la devaluación de los salarios. Es necesaria una Europa que sea garante de los servicios públicos y que apueste firmemente por la inversión pública en I+D+i y en creación de empleo. Todo ello requiere salirse de la lógica de los pequeños retoques y requiere un cambio de rumbo para que esta crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos un proceso constituyente europeo que rompa el consenso de la socialdemocracia, los liberales y la derecha para asegurarse la imposición, de la mano de la Troika (Comisión europea, Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo), de las políticas que permiten una acumulación de capital salvaje a costa de los salarios, del empleo, pensiones y de los servicios públicos.

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