EDITORIAL: Vigilancia necesaria contra un fraude que perjudica a todos
El problema de la economía sumergida es hoy un mal que genera un daño tremendo contra el que la sociedad y las instituciones tienen que aplicarse con contundencia. La existencia de puestos de trabajo irregulares únicamente beneficia al contratador, que es el que se ahorra los impuestos, mientras que los perjudicados somos todos, empezando por las víctimas que sufren ese empleo precario.
La economía sumergida priva a los trabajadores de las condiciones mínimas exigibles y además les generan un daño futuro muy grave al limitar sus cotizaciones y sus posibilidades de acceso a determinadas prestaciones. Es una situación basada en el cortoplacismo que supone un abuso ya que el contratador se aprovecha de la debilidad o de la necesidad del trabajador para rebajar sus gastos.
El dato de que se han detectado más de 5.000 trabajadores en la provincia en una situación irregular es un duro varapalo para el sistema público, que está tan necesitado de recursos económicos en estos momentos.
Los servicios y las infraestructuras de las que nos beneficiamos los ciudadanos se financian gracias a la contribución en forma de impuestos que tenemos que realizar todos. La existencia de esa economía sumergida supone una grave injusticia hacia quienes sí cumplen con la legalidad. Por ello, por una elemental cuestión de justicia, las instituciones están obligadas a perseguir con todo el empeño posible esas situaciones de irregularidad en el mundo del trabajo que son tan dañinas para la estructura económica, para el bienestar social y para los propios trabajadores afectados.
La crisis ha acentuado la existencia de la economía sumergida y en ocasiones surge la tentación de justificarla. Pero por el bien de todos es necesaria una lucha sin cuartel contra una fórmula de abuso tan grave.
