EDITORIAL: El párking de la plaza Mayor necesita ser ‘recuperado’ como un servicio al usuario

El Ayuntamiento de León sacará a concurso la explotación del párking subterráneo de la plaza Mayor. Lo hará de manera inmediata, será por veinte años y recibirá de la empresa adjudicataria un canon de 272.602 euros, que es el resultado de la suma de una cantidad fija anual y otra por plaza de aparcamiento. Pero más que por el beneficio, la cuestión es importante para el gobierno municipal porque de esta manera resuelve un problema histórico, que se había enquistado y que le ha costado mucho dinero y no pocos quebraderos de cabeza.

El aparcamiento se inauguró el 30 de diciembre de 2002, con un coste para la empresa de unos 3,2 millones de euros entre expropiaciones para abrir los accesos, urbanización de la plaza y la propia obra. Eso a cambio de la explotación de las 70 plazas vendidas por 75 años y las 185 reservadas para la rotación. Interesante como negocio a primera vista, el contrato ofrecía condiciones ciertamente ventajosas para la adjudicataria, que no asumía riesgos gracias a una cláusula que comprometía al Ayuntamiento a comprar las plazas de larga cesión temporal que no hubiesen sido vendidas en un plazo de diez años. Cumplidos en 2012, el gobierno municipal se vio obligado a hacer por esa razón un doloroso desembolso de nada menos que 2,3 millones de euros con cargo al crédito del ICO de ese mismo año.

Deberá ser cauto el Ayuntamiento de la capital en las condiciones de adjudicación de la explotación para evitar errores tan gravosos para sus intereses como los cometidos por quienes gobernaban hace catorce años. Y deberá ser muy activa la empresa adjudicataria para conseguir que, efectivamente, la explotación sea también un buen negocio para ella recuperando un aparcamiento público que empezó a andar con mal pie y que nunca, pese a su privilegiada situación y a la intensa actividad comercial y de ocio en la plaza durante casi todos los días de la semana, llegó a ser de interés para los usuarios. Sin duda porque no se supo vender como una buena opción frente al de San Marcelo, por ejemplo. O sencillamente no hubo esa voluntad, sabedora la empresa adjudicataria de que en cualquier caso el negocio era seguro por esa cláusula contenida en un contrato extremadamente oneroso para la ciudad.

La adjudicación de la explotación, que se hará tras el verano y lógicamente deberá respetar las plazas cedidas en ocupación durante 75 años, tiene que ser segura y de interés para las dos partes, pero también para el usuario, en muchos casos ahuyentado por la suciedad en los accesos peatonales desde la propia plaza, de los que con frecuencia se hacía un uso impropio. La posibilidad de recuperar ese espacio y hacerlo atractivo para el automovilista es, desde luego, una excelente noticia.