No al cierre de camas en los hospitales

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un derecho que la Constitución española sanciona en su artículo 43, donde se menciona que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».

A día de hoy, sin embargo, con una población en estado de shock por la crisis actual, este derecho se encuentra seriamente amenazado por el discurso oficial de una supuesta insostenibilidad financiera, y las acusaciones interesadas y mendaces de «haber vivido por encima de nuestras posibilidades».

Estas afirmaciones se acompañan también a menudo de argumentos puramente ideológicos, que se pretenden hacer pasar por verdaderos, por el mero hecho de repetirlos hasta la saciedad: el sector sanitario público es «insostenible» y «burocrático»; el sistema privado es «más eficiente» que el público; los usuarios son responsables de «abusar de la sanidad», etc. Pero la realidad demuestra, en cambio, que ni la investigación científica, ni la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) han podido confirmar nunca estos supuestos.

Supuestos que, no obstante, no son gratuitos, sino que obedecen a una estrategia neoliberal preconcebida y clara: en una fase como la actual de estancamiento económico y reducción de beneficios, la atención sanitaria se ha convertido en un campo ideal y ansiado para hacer negocios. Y, como recuerda Joan Benach, profesor de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, no hay que olvidar que los sistemas sanitarios público y privado son como «vasos comunicantes»: para que el privado tenga posibilidades de lucro, primero hay que desprestigiar, debilitar o «parasitar» al público.

Con la llegada del periodo estival, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se aplica tenazmente a esa política de desprestigio y debilitamiento de nuestro sistema de salud público, y procede al cierre de tres quirófanos y 95 camas hospitalarias en el Hospital de León («inactivadas», según el cínico neolenguaje de nuestros dirigentes autonómicos), amén de las 36 camas previamente cerradas en el Hospital del Bierzo. El argumento del Consejero de Sanidad, Sr. Sáez Aguado, para este nuevo ataque a nuestro sistema público de salud es simple: esas camas no se necesitan (declaraciones recogidas en el Diario de León 22/07/2014).

A pesar de haber sido desmentido por profesionales sanitarios y sindicatos, no reproduciremos aquí sus denuncias, para que no se objete que atendemos sólo a los argumentos de una de las partes. Nos remitiremos, para demostrar la completa falsedad de los argumentos del Consejero, al último Informe de Salud Mundial , documento emitido anualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El último de estos informes, publicado este año que recaba datos hasta el 2013, deja patente que España pierde camas hospitalarias: en el 2012 tenía 32 camas por cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2013 pasó a tener 31.

¿Puede continuar afirmando tranquilamente el consejero, en un país con 22 camas hospitalarias menos que la media europea por cada 10.000 habitantes, y con unas listas de espera que se encuentran muy lejos de estar erradicadas, que se cierran camas porque no se necesitan?

El informe abunda además en otros datos preocupantes: España ha perdido médicos y médicas. En 2012 en nuestro país había 39,6 médicos por cada 10.000 habitantes, y un año después esa cifra había caído ya hasta los 37. Dicho de otro modo, España ocupaba el décimo puesto mundial según la ratio médico/pacientes, y en un solo año ha caído al puesto 16.

Consecuencia directa de esta situación de deterioro son los ejemplos concretos a los que este Grupo Municipal ha tenido acceso: citaciones para consultas externas con un año de espera; profesionales de trabajo social que deben dividir su jornada de trabajo semanal entre los centros de salud de Pinilla y de Trobajo del Camino, por la imposibilidad de contar con una profesional en cada centro; jubilados a los que se les recetan medicamentos que han dejado de estar financiados por la Seguridad Social y deben comprarlos, a veces a precios cercanos a los 20 euros y durante varios meses, con el trastorno que ello puede suponer para la precaria economía de muchas de estas personas. Y los ejemplos podrían prolongarse.

Si no hacemos frente a esta situación y no abogamos por conservar una sanidad pública, universal y de calidad, avanzaremos cada vez más hacia una sanidad mercantilizada, injusta e insolidaria.

La atención sanitaria deber ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los «clientes» que puedan pagarla.

En un momento en el que el Gobierno central considera que la situación económica es lo suficientemente buena como para iniciar una reforma fiscal que bajará los impuestos, consideramos que es oportuno instar al Ministerio de Sanidad a que apueste por ella.