La opinión del lector
Ocultar la dirección
en las Cortes
Hay Diputados de las Cortes de Castilla y León que se niegan a que figure la dirección de su correo electrónico en la página oficial del Parlamento. Puedo entender que no quieran que aparezca su correo privado, su dirección particular o cualquier otro tipo de dato que pudiera comprometer su seguridad personal o de su familia. Pero, ¿el correo electrónico del Parlamento donde acude a defender (se sobreentiende) los intereses de aquellos a los que impide que se puedan poner en contacto con él o con ella?
¡Así nos pasa lo que nos pasa! Esto es un granito más en el cúmulo de razones que hacen que la ciudadanía los critique y no vea en sus representantes a aquellos que han de defenderlos. ¿Qué puede pensar el ciudadano de cualquiera de nuestras provincias que consulta la página oficial de la cámara para averiguar la dirección electrónica del diputado de su circunscripción y comprueba que no aparece?
Pero, sobre todo, que terrible sensación de frustración debe experimentar cuando al dirigirse a los funcionarios éstos le informan de que las direcciones que no figuran lo es por deseo expreso de los titulares. ¡Que distinto sería si los ciudadanos tuvieran que votarle a él, a él o a ella personalmente! Algunos llevamos muchos años clamando por el cambio de la Ley Electoral. Si los aspirantes a ser dputados o diputadas no se refugiaran en la comodidad que da figurar en una lista en la llamada «zona de garantía», es decir, aquella que razonablemente presupone que saldrán elegidos, otro gallo cantaría.
Carta abierta a la sociedad leonesa
El abajo firmante, en su condición exclusiva de vecino de Astorga, y no de ninguna otra, se dirige en carta abierta a la sociedad leonesa, dado que sus representantes demuestran de manera recurrente una falta absoluta de disposición o, lo que es más grave, de conocimiento, para solucionar los problemas.
La negativa del responsable de los bomberos de León a enviar una dotación a Astorga el día 17 a la extinción de un fuego supone un episodio lo suficientemente grave y repetido como para que el público en general cobre conciencia de la situación en la que está esta provincia.
Mientras el presidente de Diputación sostiene que no hay dinero para pagar bomberos profesionales y que, en todo caso, si se desarrolla un sistema de extinción, cada vecino de la provincia debería pagarlo, se ufana de que su departamento contribuye a sostener estaciones invernales crónicamente deficitarias (¿está en sus competencias?) o centros de educación de discapacitados (¿para qué sirve la Junta de Castilla y León?).
Por otra parte, no ha habido miramiento ninguno para imponer una exacción terrorífica sobre los bolsillos de todos los vecinos de esta provincia cuando la capital y su alfoz no tuvieron donde tirar la basura. Así las cosas, la próxima vez que queramos que acudan los bomberos de León a apagar un fuego, incendiaremos el Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. Así sabrá León que también, fuera de su término municipal, algo suyo se quema.