Tratado EE UU-UE: contra el Estado Social

La Comisión Europa y Estados Unidos negocian, a espaldas de su ciudadanía, uno de los tratados que más influirán en la vida de los ciudadanos y ciudadanas en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP. Ni los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, ni siquiera los gobiernos de los estados miembros de la UE están informados de los detalles de los textos de negociación, pero los escasos datos que se han filtrado nos generan una gran preocupación. Y más cuando se analiza y estudia qué efecto han tenido estos Tratados en otros países donde se han llevado a cabo.

Es como para que nos preocupemos y ocupemos de este tema, exijamos claridad y transparencia, y que este Tratado sea sometido a referéndum. Así lo planteó Izquierda Unida el 15 de mayo 2014, pero PSOE, CIU y UPyD votaron en contra de realizar un referéndum.

Éste no es un tratado de comercio ni su objetivo es facilitar el comercio entre la UE y EE UU quitando aranceles, ya que como han declarado desde la propia Comisión Europea «las relaciones económicas entre EE UU y UE se pueden considerar de las más abiertas del mundo y los aranceles son muy bajos». Es un tratado de «libre comercio» e inversiones. Hay diferencia entre tratados de comercio y Tratados de Libre comercio. El objetivo del Tratado de libre comercio es favorecer la competencia, la desregulación, que los estados no puedan proteger sus empresas, sus bienes, etc. Es eliminar las barreras reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones trasnacionales en los mercados. Esto implica rebajar o eliminar las normativas básicas en materia social y medioambiental, los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria, incluidas las restricciones a los Organismos genéticamente modificados o las regulaciones al uso de sustancias químicas toxicas, las leyes de protección de datos, etc.

Si se introduce esta supuesta «libre competencia» entre multinacionales y las pequeñas empresas de nuestro país, ya podemos saber quién va a ganar. Es como poner a luchar en un ring de boxeo a un peso pesado contra un peso pluma con una mano atada a la espalda.

La especialista de la Universidad Autónoma de México, la profesora Martínez Rejas, exponía recientemente en San Andrés del Rabanedo que la primera consecuencia que se deja sentir es la desaparición del comercio local, de la pequeña empresa, la pequeña explotación agrícola y ganadera, ya todas totalmente vapuleadas por la crisis y la competencia con las grandes superficies y distribuidoras. No podemos olvidar que, según el último estudio de la universidad de Zurich, 147 multinacionales y 660 personas gobiernan el mundo y que el poder económico no tiene patria.

El segundo objetivo del Tratado de Libre Comercio, y esto es importante y muy preocupante, es, completar el mercado único, abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros estados miembros. De hecho, si analizamos este Tratado, que pretenden que este firmado en 2015, y miramos la legislación que el PP está aprobando en España podremos comprobar que está preparando legislativamente el escenario para este Tratado: La Ley de Estabilidad y Racionalización de la Administración Local, que promueve la privatización de los servicios públicos y las economías de escala para acceder a los contratos con la administración. La Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León que plantea la creación de consorcios provinciales para la gestión de servicios. Según estas dos normativas un bien que corre peligro es el agua ya que en la mayor parte de los municipios de León es publica y ligada a las juntas vecinales.

Pero igualmente, la reforma laboral (no hace falta ni comentar los efectos que está teniendo sobre el empleo y la clase trabajadora); la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que criminaliza la movilización social, hecha para silenciar la indignación y el rechazo generalizado a las situaciones de eliminación de derechos sociales que se están produciendo. O la Ley de Tasas, Ley acaba con la universalidad en el acceso a la Justicia, haciendo pagar a los que menos tienen unas cantidades prohibitivas para defender sus derechos y que impedirá demandar a las multinacionales y defender los derechos de la ciudadanía contra los atropellos de este Tratado. Como dice Noemi Klein en su libro La doctrina del shock hay que aprovechar los momentos de crisis para que hasta lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable.

El TTIP es además una herramienta que cambiará profundamente las formas de legislar. Puesto que crea un sistema legal superior que permitiría hacer valer los «super-derechos» de las grandes multinacionales, subordinando leyes nacionales y locales a los beneficios privados de éstas. Es lo que denominan «protección de las inversiones». La intención de las multinacionales es proteger sus inversiones, de modo que puedan demandar a los estados si consideran que sus beneficios económicos o sus perspectivas de ganancias futuras se ven afectadas por normas o políticas nacionales que les limiten sus ganancias. Un ejemplo claro y contundente la demanda de Philip Morris al Estado uruguayo. La multinacional Philip Morris considera que se están violando sus Derechos de Propiedad Intelectual cuando el Estado uruguayo decide hacer políticas de publicidad disuasorias del uso del tabaco. O el caso de la sueca Vattenfall que en 2012 demandó por 3.500 millones de compensación a Alemania debido a las pérdidas de beneficio que supuestamente tendrá por la decisión de Berlín de acabar con la energía nuclear, tras el accidente de Fukusima.

En junio de 2014 Izquierda Unida registró en el Congreso una Proposición no de ley (PNL) con el objetivo de que el Gobierno se comprometiera públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos si incluye rebajas en las regulaciones comunitarias o una cláusula de protección de los inversores extranjeros. Porque, por las experiencias de todos los demás tratados de libre comercio, este tratado no está siendo diseñado para garantizar una vida digna a la ciudadanía, sino para proteger los beneficios de las grandes corporaciones y sus inversores.