La Justicia, la última esperanza

Alguien dijo: «no es la gente que está en la cárcel la que me preocupa, sino la que no lo está». Habría que hacerle un monumento y ponerlo delante del Congreso de los Diputados. Ahora mismo hay cientos de alcaldes —solo en Andalucía un centenar—, políticos de todos los partidos —concejales, ex ministros, ex vicepresidentes del Gobierno, ex presidentes de comunidades autónomas— procesados o a punto de serlo. Alguno hay en chirona, pero la mayoría sigue en la calle. En la lista hay, también, altos cargos de la patronal. Y hasta los sindicatos, reacios siempre a reconocer la viga en el ojo propio, han tenido que expulsar a dirigentes de primer nivel que se lo han estado llevando crudo durante años. Lo de algunas autonomías, como Andalucía con los ERE o Cataluña con el escándalo de la familia Pujol, es insostenible y más que suficiente para que la protesta social acabara con todos los delincuentes y llevara a la cárcel a cuantos, mereciéndola, aún duermen en sus casas. Instituciones Penitenciarias va a tener que construir módulos especiales para tanto chorizo con coche oficial.

Hernández Moltó, que pidió a Mariano Rubio desde en un escaño del Congreso que le mirara a los ojos, reprochándole lo peor, camufló pérdidas de mil millones en Caja Castilla-La Mancha como si fueran beneficios de 39 millones. Con toda paz. Ahora, demasiados años después, dicen que el fiscal pide para él sólo dos años y medio de prisión. Puede que ni pise la cárcel. Las Cajas de Ahorro, que eran entidades que desarrollaban una gran labor social y que ayudaron a millones de españoles a comprar un piso, un coche o a pagar la carrera a sus hijos, no sólo nos han costado más de 50.000 millones -más de 1.000 euros por ciudadano- sino una enorme desafección social. Y todo porque un grupo de «representantes» de partidos, sindicatos y patronales se hicieron de oro a nuestra costa sin que quien los nombró, quien estaba encargado de vigilarlos y quien regulaba los mercados se enterara de nada. Más que la cárcel, lo que deberíamos exigir es que pidan perdón públicamente y que devuelvan, con intereses de usura, lo que robaron.

Pero no sólo ellos. Cuesta una inmensidad creer que nadie en Cataluña se enteraba de los trapicheos de la familia Pujol; que nadie en el PP conocía los manejos de Correa y Bárcenas o la existencia de una caja «b»; que nadie en los sindicatos, en la patronal, en los partidos o en el Banco de España sabían nada de las tarjetas black; que nadie en el PSOE o en la Junta de Andalucía sabía los de los ERE; que tanta gente tan lista ignoraba los saqueos a los que tantos estaban sometiendo las arcas públicas o semipúblicas.

Dicen que PP y PSOE firmarán en los próximos días un pacto anticorrupción. Sinceramente yo sólo espero que la Justicia haga pagar a todos los corruptos el daño que han hecho al Estado, a la democracia y a la confianza social.