Trampas al solitario

Los consejeros de la Junta desfilan estos días por las Cortes explicando, con mayor o menor detalle, las cuentas que les corresponde ejecutar en el año venidero. Forma parte de la tediosa tramitación parlamentaria de los nuevos Presupuestos de la Comunidad, cuyo resultado es conocido de antemano. Como es de rigor, el PP rechazará las correspondientes enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, la cual propondrá a continuación centenares de enmiendas parciales de las que raramente alguna sobrevivirá al rodillo de la mayoría absoluta.

Tras marear los números, las cuentas se aprobarán dos meses después prácticamente igual que han llegado en octubre. Desde que se constituyó esta comunidad autónoma siempre ha ocurrido así, salvo en 1988, año en el que José María Áznar, que gobernaba en minoría, vio como la oposición le devolvía los Presupuestos que le había preparado el consejero Miguel Pérez Villar. Aquel fue un accidente que no volvería a repetirse, ya que Áznar, en evitación de nuevos sobresaltos, dio entrada en su gobierno al CDS, el partido que en aquel tiempo tuvo la llave de la gobernabilidad.

Desde entonces todo el mundo sabe que los Presupuestos de la Junta van a ser aprobados en diciembre tal como han salido cocinados por la Consejería de Hacienda. Una cocina que a nadie se le escapa que en esta ocasión tiene un claro aderezo electoral. La rebaja en el IRPF y en el céntimo sanitario no son óbice para que aumente el gasto disponible para las consejerías, que, tras cuatro años de «contracción», había caído a niveles de hace una década. Y por supuesto, nada de nuevos recortes sociales; todo lo contrario: se recupera parte de lo perdido en Sanidad, Educación y Familia.

Semejante prodigio se sustenta en una previsión de crecimiento del PIB del 2,1%, a partir de la cual los ingresos por los dos grandes tributos cedidos por el Estado (IRPF e IVA) van a aumentar nada menos que en 235 millones de euros. Pese a tan optimista previsión, la Junta ha necesitado presupuestar otro ingreso extra de 150 millones mediante la enajenación de suelo e inmuebles de su propiedad. O lo que es lo mismo, para cuadrar las cuentas ha tenido que recurrir a la venta de parte de su Patrimonio.

Lo cierto y verdad es que Castilla y León, al igual que el resto de las comunidades, arrastra una insuficiencia financiera de carácter estructural, herencia de su disparatado exceso de gasto en la época de la burbuja inmobiliaria. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y una deuda pública que, al triplicarse en tan solo cinco años, se ha convertido en el gran lastre financiero de esta comunidad.

Pese a la decreciente prima de riesgo, el coste de la deuda se comerá, entre intereses y amortizaciones, cerca de 1.200 millones de euros de los 9.920 presupuestados. Y esa es una hipoteca que persigue a esta comunidad por muchas trampas que intente hacer al solitario.