El Tratado de Libre Comercio: El capitalismo irreversible

Recientemente hemos sabido que la UE amenazó a Ecuador con eliminar ayudas al desarrollo si no aceptaba el Tratado de Libre Comercio con la UE. Mensajes confidenciales entre el embajador ecuatoriano ante la UE y los ministros de Correa desvelan la posición de Bruselas para provocar cambios en la Constitución y en leyes esenciales, privatizaciones de los servicios y empresas públicas y su política económica. La documentación refleja que Bruselas utiliza las políticas de cooperación y los fondos de lucha contra la droga para negociar mercados libres a las empresas europeas.

¿Por qué la Comisión Europea está presionando para cerrar compulsivamente tratados de libre comercio? Con Ecuador, con Estados Unidos ahora. Desde junio de 2013 se ha convertido en el lobby al servicio de las multinacionales europeas que se encarga de negociar con el Departamento de Comercio de EE UU una Asociación Transat­lántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership), que se aprobará en 2016. La negociación corre a cargo de Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas y Michael Froman, por Estados Unidos, un «tiburón» neoliberal asesor de las cumbres del G8 y G 20.

Dice el experto Raoul Marc Jennar, imagínense un mundo donde los comedores escolares pertenecieran a firmas como Coca-Cola o McDonald’s. Un mundo donde las multinacionales radican sus empresas matrices en Pakistan y establecen las condiciones laborales, salariales y sindicales en España según la normativa de ese país. Este es el mundo soñado en los salones de la Embajada de Australia, en Ginebra, donde se reúnen, los representantes de las multinacionales de la Unión Europea y Estados Unidos para negociar el TTIP. El objetivo no es otro que reanimar uno de los textos fundamentales de la época, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (ACGS), que pretende eliminar todos los «obstáculos» a la competencia de las grandes empresas y multinacionales, «asegurándose la conformidad de las leyes, reglamentaciones y procedimientos administrativos de los Estados con las obligaciones firmadas en los Acuerdos» (artículo XVI, párrafo 4).

En otras palabras, se trata de liberalizar todas las actividades de servicios, desde correos hasta educación, desde salud y transporte a servicios sociales y deportivos, eliminando toda norma social, sanitaria o medioambiental que pudiera ser un «obstáculo». Los derechos laborales perjudicarían la rentabilidad de la inversión; aplicar el principio de precaución sobre los alimentos transgénicos sería juzgado como demasiado exigente; no se podría fijar límites a la contaminación emitida por la industria puesto que disminuiría la competitividad. Su aplicación significaría el fin de los servicios públicos (educación, salud, transporte, energía, etc.) tal como se los conoce en la mayoría de los países de Europa. Porque su finalidad explícita es acelerar la privatización en todos los campos e impedir cualquier forma de reapropiación pública de una actividad comercializada o privatizada.

Este es el meollo de la cuestión. Conseguir la irreversibilidad normativa y práctica de las medidas de privatización neoliberales. La cláusula status quo fija el nivel de liberalización alcanzado y prohíbe cualquier regreso a una prestación suministrada por los poderes públicos. Volver a municipalizar la distribución del agua sería imposible. El efecto trinquete, lo que avanza no retrocede, impediría a las administraciones locales crear nuevos servicios públicos. Sería posible sustraer del tratamiento nacional al conjunto del sistema educativo, o todo o parte de la salud o de la cultura. Toda esta ola de acuerdos comerciales y de inversión se respaldan sobre poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben cualquier intervención de los Estados.

El capitalismo persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos del planeta, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida. Pero quedaban las empresas de propiedad pública y, sobre todo, los servicios sociales que proporciona el Estado. Para el capital financiero lo público, lo común, representa el último gran mercado. Estas medidas de privatización están siendo impuestas a espaldas de la ciudadanía. Estados Unidos exigió incluso que sus propuestas se clasificaran como «confidenciales durante cinco años». La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), denuncia que esta negociación se ha caracterizado desde el comienzo «por la opacidad y la falta de transparencia» a pesar de que los acuerdos afectan a la ciudadanía y que como cualquier otra ley debería estar sometida a debate parlamentario. Pero las consecuencias de estos tratados son tales que obligan a que los textos permanezcan en secreto.

En resumen, como dice la FADSP «se trata de un acuerdo que poner por delante de los derechos de la ciudadanía a los intereses de las grandes multinacionales. Hay que exigir que se paralicen las negociaciones y que cualquier acuerdo que se quiera realizar se haga de manera pública y transparente y sometido al control de los organismos democráticos de la UE y los países miembros».