La opinión del lector

Planes provinciales

de cooperación

Parece que por fin, tras el varapalo recibido por la operación Púnica, la Diputación de León tiene la intención de respetar la legalidad, y el más elemental sentido de la justicia, a la hora de establecer las bases de la próxima convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2015. En el pleno celebrado el día 7, el Partido Popular manifestó, tal como se recoge en algún medio de comunicación, «que, por primera vez, en las bases de este plan aparecerán los criterios de distribución» del dinero. Así lo exigió también algún otro diputado.

¿Qué se ha hecho hasta ahora? Incumplir la legalidad, repartir el dinero de los planes provinciales a gusto de los grupos políticos con representación en la Diputación, sin establecer previamente los criterios de distribución, que han de ser, tal como expresamente se indica en el artículo 36.2.a de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, «objetivos y equitativos». Ni objetividad ni equidad ha habido en el reparto del dinero de los planes provinciales de estos últimos años. El color político, las posibles simpatías personales de alcaldes y alcaldesas para con sus respectivos grupos, la mayor o menor sumisión a los dictados de quienes mandan… eran factores a veces decisivos.

Tres largos años lleva la Agrupación Electoral de Villaquejida Otro Aire denunciando este incumplimiento. En todo este tiempo no hubo forma posible de poder dialogar sobre ello con la Presidencia de la Diputación, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones. Ni una simple respuesta: el silencio despectivo de quienes se consideran por encima de la ley.

El Procurador del Común, a quien Otro Aire acudió con relación a este asunto, tras un estudio pormenorizado de la convocatoria del Plan Especial de Municipios 2011, con fecha de 27 de abril de 2012, dirige a la Diputación a siguiente resolución: «Que en las próximas convocatorias de ayudas correspondientes al Plan Especial de Municipios, u otras subvenciones que esa Diputación Provincial realice, deberá hacerse constar en las Bases los criterios objetivos de distribución de las mismas y su ponderación. Que en el futuro, en todos los procedimientos de concurrencia competitiva que tramite esa Diputación Provincial, deberá motivarse la resolución de los mismos con la amplitud necesaria para que los participantes puedan utilizar los cauces de reclamación legalmente establecidos, conociendo los fundamentos de la resolución adoptada». Ni caso hizo la Diputación al requerimiento del Procurador del Común. Las convocatorias de los planes provinciales de cooperación de los años siguientes volvieron a salir sin establecer criterio alguno de distribución del dinero.

¿A quiénes hay que pedir responsabilidades por este reiterado incumplimiento de la ley, en un asunto en que se han barajado tantos millones de euros?